Carlo Díaz, fiscal general de la República, tras consulta de Diario Extra sobre la situación del caso conocido como Barrenador, que hace referencia a la creación de un supuesto sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas de salud, indicó que el expediente sigue su curso.
“El caso continúa su trámite normal. A excepción de lo relativo a la imputada Esquivel Rodríguez (expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social), que se le dará el trámite que corresponde a una persona que es miembro de los Supremos Poderes”, manifestó Díaz.
Lo anterior, debido a que a Esquivel se le debe abrir un proceso aparte, el cual debe asumir la Fiscalía General por tratarse de una ministra que pertenece al Poder Ejecutivo.
Por su parte Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que las diligencias contra la ahora jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) se mantienen en punto muerto, debido a que goza de inmunidad al ser nombrada el pasado miércoles 8 de enero.
Añadió que por ese motivo la policía judicial no puede continuar su labor y que ahora solo les queda “acatar las órdenes que nos dé el Ministerio Público sin poder hacer nada más”.
Este rotativo también preguntó tanto al fiscal general como al director de la policía judicial sobre si este asunto es inédito, a lo que ambos respondieron que no recuerdan ni tienen conocimiento de que en el país haya existido alguna situación similar, en donde a una persona indagada se le haya dado inmunidad a través de un puesto en el Gobierno.
Cabe agregar que en este caso se busca conocer si existe un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis. Por ese proceso, la Fiscalía detuvo, aparte de a Marta Eugenia Esquivel, a siete personas más de apellidos Gutiérrez Brenes, Camareno Camareno, Gómez Pana, Rojas Cerna, Quirós Coronado, Porras López y Araya Chaves.
Piden fiscalía especializada
Por su parte, Zúñiga solicitó a Díaz la creación de una fiscalía especializada en ver las causas de miembros de los Supremos Poderes para agilizar las pesquisas en contra de las personas que ostentan cargos en dichas instancias.
“En la actualidad existe un impedimento para que el OIJ pueda realizar investigaciones de miembros de los Supremos Poderes de forma rápida e inmediata”, refirió.
Y añadió “cualquier situación con estos jerarcas se debe remitir al fiscal general. Si necesitáramos decomisar un video, entrevistar a un testigo o cualquier otra diligencia, nos haría falta una orden escrita y eso es demasiado engorroso y no permite que fluya el procedimiento”.