La audiencia del Caso Barrenador, en el que se detuvo a 8 altos jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), continuará el lunes, en los Tribunales de Goicoechea.
Dentro de los imputados se encuentra la presidenta de la Caja, Marta Esquivel.
Precisamente, Esquivel brindó su declaración inicial este jueves, sin embargo, se espera que la próxima semana se le de la palabra a su abogado defensor.
A este momento, 4 imputados han tomado la palabra.
Para este tipo de audiencias, el recurso de brindar declaraciones es de carácter facultativo, es decir, que los imputados no están obligados a hacerlo, salvo para recurrir a su defensa.
¿Qué puede pasar el lunes?
El próximo lunes, a primera hora, culminarán de declarar las partes faltantes.
Según confirmó el abogado defensor, Sergio Herra, a Marta Esquivel le restarían 30 minutos. Seguidamente lo hará su abogado, por un lapso de 45 minutos.
Luego, se le podría dar la oportunidad al resto de los imputados para que vuelvan a declarar.
También cabe la posibilidad de que el Ministerio Público de réplica a los alegatos de los funcionarios.
Una vez finalizados los alegatos, el Juez Penal de Hacienda se puede retirar para deliberar, o bien, comunicar de inmediato a las partes que va a resolver sobre las medidas cautelares.
Entre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público están la suspensión del cargo por un período de seis meses, entrega del pasaporte y no acercarse a testigos del caso.
Aún se desconoce si el juez contemplará como parte de la causa la eliminación de 300 correos de una cuenta de uno de los imputados.
¿Qué se sabe del caso?
El pasado lunes la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó 28 allanamientos, ante la denuncia de contratos con un supuesto sobreprecio de 12.400 millones de colones para la administración de Ebais, por parte de cinco cooperativas.
Se realizaron 8 detenciones, de integrantes de la Junta Directiva de la Caja, incluyendo a la presidenta de la institución, Marta Esquivel.
En el caso judicial la Fiscalía investiga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
También señala una presunta presión por parte de los directivos de la Caja para ceder la adjudicación a las cooperativas beneficiadas.
Sobre los contratos, la Contraloría General de la República (CGR), confirmó que se encontraban en firme, contraria a la versión del Gobierno.
Esquivel y los 7 funcionarios fueron puestos en libertad, el pasado martes, pero con una investigación abierta por parte de la Fiscalía y a la espera que se dictaran medidas cautelares, entre ellas, el cese del puesto en lo que avanzan las pesquisas.
La audiencia judicial sin terceros inició el miércoles y se extenderá hasta el próximo lunes, día en que se podrían conocer la medidas cautelares.
