La Fiscalía Adjunta de Probidad y Anticorrupción (Fapta) declaró como falsas las supuestas pruebas presentadas por las cooperativas en el Caso Barrenador, las cuales apuntaban a un ahorro millonario en vez de un sobreprecio en la adjudicación de áreas de Salud.
Los 5 puntos detallados por el Ministerio Público son (se citan textualmente):
- Los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS no emitieron ningún estudio de razonabilidad de precios, previo al que consta en Sistema de Compras Públicas (SICOP), ni a nivel de borrador, ni tampoco en forma de papeles de trabajo, por lo que no existe un estudio preliminar. Lo anterior, descarta la veracidad del documento aportado.
- Según el Sistema de Archivo y Correspondencia de la CCSS, el 19 de marzo del 2024, que es la fecha que consigna el documento secuestrado, no se emitió dicho documento y ninguno de los funcionarios que aparecen emitieron firma alguna de ese oficio. Este segundo elemento permite establecer de forma contundente que el documento secuestrado nunca fue firmado por los que elaboraron el estudio que consta en SICOP.
- El documento secuestrado no corresponde al estudio de la licitación, ya que es únicamente referido al rubro mano de obra, de ahí que la cantidad de páginas no corresponde al estudio oficial subido a SICOP. El documento oficial presentado en sistema incluye, además, el análisis de insumos, gastos indirectos, alquileres y utilidad (correspondientes a las variables establecidas en el pliego de condiciones). Esto permite establecer que dicho documento no pudo ser confeccionado por el equipo que realizó el estudio, ya que el pliego de condiciones se refiere a todas las variables y no únicamente a mano de obra esto permite también descartar la veracidad del documento.
- Finalmente, el documento ofrecido por la defensa técnica y secuestrado por el Ministerio Público, carece de firma digital, ya que lo que tiene es insertada una imagen que no corresponde a una firma de esa naturaleza. En ese sentido, dicho documento no cuenta con firma digital ni de otra forma, y no fue emitido por el Área de Contabilidad de Costos, ni por los funcionarios que el mismo indica lo confeccionaron, todo esto permite establecer que el documento no es veraz.
- Realizado este análisis, se ratifica que el Estudio de Razonabilidad de Precios emitido y firmado por el Área de Contabilidad de Costos es el que consta en el SICOP, es el único estudio que se ha emitido, que no ha existido estudio previo y que tampoco los funcionarios a cargo han realizado o firmado documento preliminar alguno y que este documento que difiere del oficial, al contener información falsa es un documento falso.
¿Qué dicen las cooperativas?
Coopesalud una de las entidades involucradas en la adjudicación de Ebáis por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se desligó de los señalamientos lamentando “el pobre análisis realizado” por Fapta.
Según su tesis, la Fiscalía declaró falso un documento impreso sin revisar la versión digital, donde se evidenciaría que éste fue elaborado desde una computadora cuya licencia pertenece a la Caja y está asignada a un funcionario del Área de Contabilidad de Costos.
“Lamentamos que el afán de probar una supuesta culpa lleve al Ministerio Público a cometer errores de este tipo, pues dichos actos plantean una afectación directa sobre las cooperativas de Salud incluidas en el proceso, en cuenta la nuestra”, señaló Coopesalud.
Además, alegan que dicho documento desestimado por Fapta, sería una prueba que evidencia análisis previos que reflejaban millonarios ahorros para la Caja con la adjudicación de Ebáis a cooperativas.
