El caso Asebanacio revivió el interés de restablecer la supervisión hacia las asociaciones solidaristas y es que, al día de hoy, estas manejan una suma superior a los ¢1,5 billones en fondos.
La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional entró en el 2019 en el ojo del huracán luego de que se descubriera que habían hecho préstamos a personas ajenas a la organización.
Esto significa que habrían proporcionado recursos a gente que no era asociada, si no a terceros, y aunque es una organización privada debe responder a los intereses de sus afiliados.
El informe de los diputados que investigaron el tema recomienda que se tome en cuenta la posibilidad de obligar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a fiscalizar a estas organizaciones.
Todo esto surge en momentos en que se analiza en la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas en la Comisión de Asuntos Sociales.
Rocío Aguilar, titular de la Sugef ha dicho que no cree conveniente meterse a supervisar asociaciones porque estas tienen una naturaleza distinta a un banco y porque, en su criterio, no hacen intermediación financiera.
Una opinión distinta tiene Róger Madrigal, presidente del Banco Central, quién externó durante una comparecencia relativa al tema que sí debe haber mayores controles, porque para él está claro que captan recursos y luego los prestan a un tercero.
CONASSIF NO LO CONSIDERÓ CONVENIENTE
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó en el artículo 5 del acta de la sesión 1672-2021 del 5 de julio de 2021, eximir de la supervisión efectuada por la Superintendencia a todas las asociaciones solidaristas derogando todos los acuerdos anteriores.
Para hacerlo se basaron en el del artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central. Entre los argumentos se menciona que resultaría de poco valor agregado frente a los fines de la supervisión, por lo cual no se estaría haciendo un uso eficiente de los recursos.
“No se considera conveniente efectuar la supervisión en tales circunstancias, pues solventar los principales obstáculos identificados, requeriría la realización de reformas sustanciales al marco legal aplicable”, indicó el Conassif.
CRÉDITOS A ALTOS MANDOS
DEL BANCO
Del expediente legislativo se extrae que Asebanacio inició operaciones en octubre del año 2011 y, menos de un año después, la asociación ya había empezado a otorgar créditos a empresas y a personas, entre ellas, a altos funcionarios del Banco Nacional.
Se hace referencia a que a un subgerente del banco incluso se le habrían llegado a prestar ¢30 millones y luego ¢160 millones, superando el límite que había establecido la propia asociación.
También se señala que la asociación otorgó créditos a integrantes de la junta directiva, quienes a su vez ostentaron puestos de alta jerarquía en el Banco Nacional.
Por si eso fuera poco, se dice que constan en la investigación datos relacionados con procesos judiciales de cobro que debió interponer Asebanacio en los años 2018 y 2019, justamente asociados a estas personas.
OPERACIONES SIN GARANTÍA
En las actas se menciona como debilidades detectadas el hecho de que, al parecer, se daban créditos sin revisión de documentación y sin la existencia de garantías.
“También, se establecían tasas de interés diferenciadas entre los mismos asociados y no existían debidas gestiones de cobro”, indica el documento en manos de este medio.
Según la investigación legislativa, la asociación colocó ¢2.181 millones sin garantía. Además, reportó una pérdida de aproximadamente ¢15 mil millones.
Indican que la pérdida debió ser asumida por cada uno de los 5.000 asociados a Asebanacio, del monto correspondiente al ahorro obrero.
La recomendación de los diputados es reformar el artículo 117 de la Ley N.º 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, para eliminar la posibilidad de eximir de fiscalización por parte de la Sugef a las asociaciones solidaristas que realizan intermediación financiera abierta.
El Movimiento Solidarista Costarricense no está de acuerdo con esa posibilidad.