Caso Aldesa no debe repetirse

Cuatro años es lo que ha transcurrido desde que estalló el caso Aldesa y los inversionistas prácticamente ya perdieron toda esperanza de recuperar su dinero.

Sin embargo, tienen la fe de que el fiscal general Carlo Díaz no deje morir la causa y que finalmente el caso sea elevado a juicio. El miedo es que algunos delitos podrían empezar a prescribir. Es digno de reconocer que el presidente Rodrigo Chaves al menos haya tenido el gesto de recibir a un grupo de inversionistas, y desde el punto de vista político esto no fue en vano. Si bien existe la independencia de poderes, bastaron un par de horas desde la salida a conferencia por parte de Chaves en Casa Presidencial para que el Ministerio Público enviara un comunicado de prensa destacando avances en la investigación.

Nos rinde todo un reporte pormenorizado de cómo los fiscales han venido trabajando en el caso, que sin duda resulta complejo, pero ojalá y esto pasara con todas las causas mediáticas.

Si no lo creen, pueden preguntarles a los inversionistas de Monte del Barco, asociado al mismo Grupo Aldesa. Pasaron años en idas y vueltas en los Tribunales hasta que finalmente se liquidaron las tierras.

Y esto no es por salvar una causa en particular, sino por la defensa del principio de justicia pronta y cumplida, al que aspiramos tener acceso todos los costarricenses. 

Hasta ahora nadie sabe en qué pararon casos como Yanber, el Cementazo, Bancrédito y tantos otros que tuvieron una u otra relación con el sistema financiero nacional.

Más allá de un titular o de la primera página de un periódico, se desconoce si al final había elementos probatorios, porque no hemos visto ninguno en juicio.

Ojalá y Aldesa no quede en nada, porque no todos sus inversionistas eran millonarios, como ha trascendido en redes sociales. Algunos eran adultos mayores que perdieron los ahorros de toda la vida. El derecho a una justicia pronta y cumplida está establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, esperemos que este principio no quede solo en el papel. 

Estamos hablando de 600 personas y de una deuda que ya supera los $200 millones.