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Un total de 6.996 personas decidieron dejar de recibir subsidios estatales por dejar sus estudios o no querer trabajar o emprender; esto tras la vigencia del nuevo modelo desarrollado impulsado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Dicha cifra, dada por el departamento de prensa a Diario Extra, evidencia la nueva metodología desarrollada por la entidad estatal, conocida como Impulsa, y que busca que las personas en pobreza y pobreza extrema se mantengan desarrollando habilidades que les permitan salir de dicha condición socioeconómica.
“La Ruta de Intervención Condicionada permite que las personas puedan perfilarse de acuerdo a sus capacidades y competencias bajo la promoción social, de manera que puedan acceder a procesos de capacitación o fortalecimiento, permitiendo que mejoren sus condiciones de vida, generen ingresos propios y, por tanto, alcancen una adecuada movilidad social”, explicó la institución.
Según la cartera encargada de las poblaciones vulnerables, “si una persona, como parte de un hogar atendido, toma la decisión de no participar del proceso, tiene la libertad de no hacerlo en el entendido de que no podrá optar por estos procesos de promoción social”; decisión que han tomado alrededor de 7 mil hogares.
Como parte de los procedimientos para mejorar la calidad de vida de las personas de bajos recursos, el IMAS dispone de espacios de estudio, capacitación o búsqueda de empleo para mejorar los ingresos económicos.
“Las acciones de educación, capacitación para el empleo, emprendimiento u oficios, así como el financiamiento de emprendimientos, no son acciones a corto plazo, sino que son procesos valorados socialmente de manera que respondan a las necesidades de cada una de las regiones del país”, especificaron.
El modelo de IMAS Impulsa entró a regir hace ocho meses, por lo que, si bien ya hay familias que han dejado de lado los subsidios por decisión propia, la entidad señaló que aún no se cuenta con el cumplimiento de metas específicas ya que “los resultados en movilidad social no se pueden cuantificar en menos de 6 meses”.
Según consta en las actas de Consejo de Gobierno, así como en la información suministrada a este medio, la cartera prepara modificaciones para actualizar el modelo a las realidades de las familias costarricenses.


