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Casi 300.000 funcionarios públicos se quedarían esperando el ajuste salarial de ¢7.500 que debía hacerse desde 2020. El gobierno puso fin a las especulaciones sindicales y postergó de una vez por todas el pago hasta 2024.
A través del Decreto Nº43732-H-MTSS-Mideplan frenó el pago a quienes aguardaban recibir este dinero.
A partir de que la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dispuso hacer el ajuste salarial en setiembre del presente año, se vino una avalancha de reclamos por parte de los trabajadores de otras instituciones públicas.
El decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta establece que todas las instituciones que no habían realizado el pago deberán esperar al menos dos años más y eso deja en el limbo a los empleados del Seguro Social (63.000 personas).
Al cierre de edición, sindicatos y autoridades de la CCSS permanecían reunidos para tratar de llegar a un acuerdo. Los maestros (80.000) y policías (20.000) se incluyen entre otros de los grupos afectados.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, manifestó a DIARIO EXTRA que la regla fiscal es la que establece una contención del gasto. “No hay espacio para pagar antes”, acotó.
El gobierno ordenó presupuestar el ajuste en 2024, cuyo pago se haría de manera retroactiva a todas las personas que consideren tienen un derecho adquirido.
No obstante, deja claro que la efectividad del desembolso dependerá de que se cumplan las condiciones establecidas en el Título IV de la Ley 9635 relativa a la regla fiscal.
Se establece que cualquier aprobación de ajuste y revaloración salarial está sujeta al aval de la Autoridad Presupuestaria.
Se debe recordar que de los 300.000 empleados públicos del país, unos 2.000 sí habrían recibido el ajuste salarial por decisión de los jerarcas de las instituciones en las que trabajan. Entre ellas se encuentran la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.
Las organizaciones sindicales reaccionaron a la decisión calificándola de una jugarreta del Ejecutivo e incluso planean emprender acciones legales (ver nota aparte) porque la inflación interanual supera el 10%.
DEPENDE DE LA RELACIÓN DEUDA/PIB
El nuevo decreto menciona que el congelamiento de los salarios para el sector público se mantendrá hasta que la relación deuda/PIB (Producto Interno Bruto) no baje del 60%.
Alegan que esta situación impide a corto plazo hacer efectivo el aumento en los salarios del sector público y las pensiones con cargo al presupuesto, sin generar serios riesgos fiscales.
Para 2021 el país superó una relación deuda/PIB superior al 60%, por eso se activaron medidas extraordinarias. La coyuntura desembocó en una contención de gasto más fuerte, que incluye congelar ajustes salariales por costo de vida, en apego al artículo 13 del título IV de la Ley 9635.
Especifican que “no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”.
A junio del presente año la relación deuda/PIB se encontraba en un 65,8%, según datos de Hacienda.
¿QUÉ ES LA REGLA FISCAL?
La regla fiscal quedó definida en el Título IV de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Nº9635). Se trata de un instrumento que establece los límites para el crecimiento del gasto corriente y establece fuertes restricciones cuando la relación deuda/PIB supera el 60%.
Fuente: Ley 9635.
CAMINO EMPINADO
17 de diciembre 2019.Decreto ejecutivo Nº42121-MTSS-H-Mideplan autoriza un aumento general al salario base de todas las categorías del sector público para 2020, retroactivo a enero.
4 de abril 2020. Decreto ejecutivo Nº42286-MTSS-H-Mideplan suspendió la aplicación del aumento general al salario base de los servidores del Gobierno central haciendo alusión a la pandemia.
8 de abril 2020. Mediante el oficio NºDM-0398-2020 el exministro de Hacienda consultó a la Procuraduría sobre la posibilidad de utilizar la figura de la revocación para dejar sin efecto el Decreto ejecutivo Nº42121-MTSS-H-Mideplan.
12 de junio 2020. En el oficio C-219-2020 la Procuraduría concluye que se puede derogar una norma de alcance general, sin perjuicio de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas.
8 de setiembre 2022. La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social acordó en su sesión aprobar el aumento general de salarios correspondiente al año 2020 para los trabajadores de la institución.
12 de octubre de 2022. El gobierno deroga los decretos ejecutivos Nº42121-MTSS-H-Mideplan y Nº42286-MTSS-H-Mideplan. Establece que el pago del ajuste salarial se hará en 2024.
Fuente: Decreto Nº43732-H-MTSS-Mideplan.