Todos sabemos lo difícil que es para una familia resolver el costo de su vivienda. Sea que la compre, la construya o la alquile, para la gran mayoría de las familias asegurar dónde vivir lo mejor posible es una tarea muy demandante.
Si eso en general es así, es mucho más difícil para una familia pobre. Es una inversión muy grande, y la atención de los créditos para obtenerla o la cuota del pago de alquiler son uno de los más grandes y atormentadores gastos que se deben enfrentar.
Solidariamente, desde el programa de casas baratas de la Administración del Dr. Calderón Guardia, el INVU, y los esfuerzos promovidos por un periódico, La Prensa Libre, en los cincuenta del siglo pasado para construir casitas a las familias que vivían bajo los puentes, el país ha venido buscando diferentes formas para ayudar a resolver este problema.
La situación habitacional se fue volviendo más difícil para las familias con menos recursos con la urbanización. Ya no era fácil conseguir un terrenito en el campo y poco a poco levantar una vivienda. Era ahora más complicado, aunque no debemos idealizar el pasado, muchísimas familias en el campo vivían en casas de piso de tierra, o en ranchos en los que se les metía el agua.
Se promovieron préstamos hipotecarios del sistema bancario, cooperativas de vivienda, se estableció el sistema de Ahorro y Préstamo y las mutuales para atenderlo, y se llego finalmente al sistema con los bonos de vivienda que hoy complementa muchos de esos esfuerzos y que nos permite, según ONU Hábitat, tener el faltante habitacional en relación con la población más bajo de América Latina.
Pero es un esfuerzo que está lejos de terminar. Tenemos muchas familias viviendo en tugurios (el programa de eliminación de tugurios es costoso y difícil y ha marchado muy lento). Hay 128.000 viviendas en mal estado y un faltante de unas 20.000 según estudios del Centro de Estudio de Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi). Una parte muy importante de los bonos de vivienda van para familias de ingresos medios y altos, pues el 44% han sido asignados a familias en los tres quintiles con mayor ingreso, según el reporte de OCDE sobre Costa Rica del año recién pasado.
El apoyo a las familias para vivienda es uno de los programas más exitosos. En sus 37 años ha favorecido a 421.000 familias, lo que representa que ha otorgado solución de vivienda a más de una cuarta parte de las familias.
Tiene efectos colaterales muy valiosos. Ha promovido el desarrollo de empresas inmobiliarias y constructoras y genera empleo para uno de los segmentos de la población que más lo necesita. También ha colaborado al desarrollo del sector financiero.
Desdichadamente por muchos años se pospuso la solución del problema estructural del fisco que genera déficits, incluso primarios desde 2009, lo que causó una enorme deuda pública que hasta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018 se empezó a atender.
Para enfrentar el desequilibrio fiscal además de nuevos ingresos finalmente se adoptó una regla fiscal, que ya había presentado 30 años antes en mi propuesta de Garantías Económicas, lo que restringe el gasto.
Pero la aplicación de esa regla se ha dado sin priorizar los egresos y eso lo han sufrido los programas sociales (educación, salud, vivienda, asistencia social principalmente) y la construcción y mantenimiento de infraestructura.
En los últimos dos años solo se han entregado 8.369 y 8.222 bonos respectivamente. En los 37 años del sistema solo en dos años, incluyendo el primero, se han entregado menos.
No se debe cejar en la solución del problema fiscal y todavía la deuda pública es de más de 60% del PIB.
Por ello es urgente priorizar el gasto pues ni los programas sociales ni la infraestructura deben seguir con las reducciones que han sufrido. Esas reducciones hieren nuestra solidaridad y paz social, disminuyen nuestro progreso económico y amenazan nuestra estabilidad democrática.