Sigue la ministra de Economía, María de los Ángeles Antillón, alias “Mayi”, escoltada ahora por la ministra de Agricultura, Gloria Abraham, la llamada a defender al sector agrícola, con sus ataques hacia el sector arrocero y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Al no tener más argumento para convencer a la opinión pública de que la eliminación de la fijación de precios del arroz beneficia a los consumidores (“cosa más grande en la vida”, diría Tres Patines), las ministras de doña Laura Chinchilla dirigen sus baterías hacia Conarroz y al sector, haciéndoles un llamado por medio de una carta pública a los productores para que las secunden en su ira contra la institución y el sector.
Señora Ministra, como corporación no solo le hablamos al sector arrocero sino también al pueblo de Costa Rica, donde desde hace más de 100 años las familias cuentan con este alimento en la mesa de sus hogares. Hoy Conarroz les toma la palabra a doña Mayi y a su escolta doña Gloria en el tema de las cooperativas. Les tomamos la palabra de cooperativizar la actividad arrocera, no con plantas viejas, como las que entregaron hace un año a Coproarrosur y CoopeBagatzí, y que alguien les calificó de trastos viejos.
Retamos a las ministras para que en estos 10 meses que faltan de gobierno propongan un plan coherente dirigido a las cooperativas, financiado con recursos de los $15 millones a los que sí está autorizado el Estado para capitalizar, capacitar técnicos y reacondicionar equipos que mejoren esas plantas, dadas en precario por el Consejo Nacional de Producción (CNP) a los pequeños productores y por las que estas organizaciones pagan millones de colones en alquileres. Y además que ese plan, que debería venir del gobierno, cuente con un presupuesto, cronograma y voluntad de apoyo.
Un año después de esa entrega del gobierno, ahí están Coproarrosur y CoopeBagatzí buscando recursos para poner a funcionar esos trastos viejos, casi obsoletos, que procuran rescatar del abandono en que los tenía el CNP, la institución llamada a brindarles servicio a los agricultores.
Pueblo costarricense, el sector arrocero tiene ideas para promover las cooperativas arroceras, como el modelo trabajado conjuntamente con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), cuyo consejo rector es presidido por la señora Antillón. Sin embargo desde mayo del 2010 hemos tenido que usar el tiempo para defendernos de las ocurrencias como los mal llamados subsidios, la política arrocera y sus ejes fantasmas; el decreto llevado al Tribunal Contencioso Administrativo, que falló a favor de los arroceros; y, últimamente, la decretada eliminación del precio del arroz, que arruinaría a los productores arroceros y a los consumidores.
Como representantes del gobierno, ustedes señoras ministras, hablan de visión y no miden la indefensión ante el cambio climático, tanto para el consumidor como para los productores, abandonados hoy a su suerte frente a los gigantescos subsidios y la paralítica gestión del gobierno, en estas rectorías, en temas de competitividad, seguros, crédito, etc.
El sector arrocero no defiende el arroz como negocio. Lo defendemos como el derecho de los costarricenses, de nuestros hijos y nietos, a tener arroz en la mesa producido e industrializado por manos costarricenses. Lo defendemos frente a mecanismos como el último decreto de doña Mayi, que aumentaría en ¢68 el kilo de arroz, en caso de que la eliminación de la fijación del precio decretada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) se estuviera aplicando.
¿Pueblo de Costa Rica, a quiénes defienden estas señoras ministras con sus ideas suicidas? ¿De cuál ilegalidad habla usted, doña Mayi, o es que olvidó que su ministerio, por sus actuaciones, fue condenado por el Tribunal Contencioso Administrativo?
Al 90% de los ticos nos preocupa quedarnos sin arroz y la medida que propone el MEIC de dejar el precio del arroz por la libre, eliminando la fijación, de manera inconsulta, atenta contra la actividad en la cadena arrocera en Costa Rica.
Ante esas ocurrencias apelaremos, pueblo costarricense, a la sensatez de los candidatos a la presidencia de la República, a la sabiduría de nuestro pueblo y a todas las organizaciones agrícolas para defender en esta hora, en los estrados judiciales, el principal alimento de la canasta básica y nuestro derecho a contar con una política de seguridad alimentaria.
Costa Rica no puede prescindir del arroz y una decisión de esta magnitud le queda vedada a una ministra, escoltada ahora por quien debería colocarse a la par de los productores y no en la acera de enfrente. Como sector hacemos un llamado a todos los consumidores a apoyar la producción y consumir el arroz nacional, esa producción y grano que hoy las ministras Antillón y Abraham pretenden entregar a manos importadoras.
A la Ministra de Agricultura, que debería defender la producción nacional, le consultamos ¿dónde está el MAG?, ¿dónde está la acción conjunta del MAG y el MEIC para establecer medidas económicas y bajar el costo de producción por hectárea, que es uno de los más altos de Latinoamérica? ¿Cómo harán para ordenar la producción y proteger a nuestros pequeños productores, a sabiendas de que esta producción no puede competir con la de otros mercados, que efectivamente sí son subsidiados?
Si bien el actual sistema de fijación de precios necesita cambios y no eliminarse, propusimos un mecanismo alternativo de precios, que proteja a toda la cadena, principalmente a nuestros consumidores y productores. Sin embargo doña Mayi elimina la fijación de precios, a partir del 1 de marzo de 2014, embarcando nuevamente a doña Laura, como ocurrió meses atrás con otro decreto, cuyo fallo judicial favoreció a los productores.
Pueblo de Costa Rica, nuestro país es hijo de la cultura del arroz, herencia de nuestros antepasados. El arroz es el alimento que más se consume en Costa Rica, en un promedio por persona estimado en 54 kilogramos al año. La idea de la fijación es asegurarle al pueblo costarricense una de las mayores fuentes nutricionales, pero no es conveniente ni estratégico para nuestro país poner la comida de los ticos a depender de las importaciones de países donde los productores sí reciben subsidios y son protegidos, siendo más fácil para un país desarrollado dominar a los que no tienen comida.
El arroz es el producto de más impacto en la economía familiar, sobre todo para el 20% más pobre del país, donde una persona puede consumir 57,4 kilogramos al año.
¿Entonces, doña María de los Ángeles o doña Mayi, y doña Gloria, ministras de Economía y Agricultura, respectivamente, por qué quieren afectar a las clases más sensibles del país?
*Presidente de Conarroz