Las carreteras nacionales secundarias y terciarias (ver recuadro) pasarían hasta seis años sin recibir ningún tipo de trabajo de mantenimiento y rehabilitación, en detrimento de los usuarios.
¿La razón? El Tribunal Contencioso Administrativo cesó de manera provisional el Decreto ejecutivo No.44.263-MOPT, el cual buscaba que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) trasladara recursos a las municipalidades para que fueran los gobiernos locales quienes se encargaran de reparar las vías.
El Contencioso dio curso al proceso administrativo ante la solicitud que presentó la Municipalidad de Santa Barbara.
La petición fue replicada por 14 municipios afiliados a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), que además presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
De acuerdo con Luis Felipe Rodríguez, experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, este tipo de procesos legales se extienden por años, lo que puede congelar el traslado de competencias a los cantones y con ello los recursos y responsabilidades; es decir, durante un buen periodo nadie ejecutará obra alguna en esas vías.
Para Rodríguez este proceso puede tardar entre cinco y seis años, de ahí la previsión.
DURACIÓN DE LOS PROCESOS
En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, que suelen tener los efectos de suspender la norma impugnada, el tribunal constitucional tarda hasta dos años en resolverlas por lo complicado del proceso.
“Eso depende obviamente de muchos factores y de cada caso, según las particularidades que tenga, la cantidad de partes que vayan a intervenir en el proceso, por ejemplo, pero en términos generales la Sala suele tardar en promedio de uno a dos años”, manifestó.
El jurista asegura que el alto tribunal generalmente da prioridad a temas relacionados con la vida y la salud, los que requieren mayor urgencia por su naturaleza, por lo que casos como este no estarían entre las prioridades.
Sin embargo, comentó que cabe también la posibilidad de que la Sala determine una excepción, con lo que, de aplicarse en este caso, el decreto se mantendría en aplicación.
“Puede ser que la Sala diga: ‘No, no. Yo no voy a suspender los efectos de la norma porque puedo generar mayor afectación a los derechos fundamentales, porque puedo generar una grave situación política’”, expuso Rodríguez.
SIGUE UN VIACRUCIS
Con el Tribunal Contencioso la situación se complica aún más, pues el experto determinó que los efectos del decreto debían suspenderse hasta tanto no se emita sentencia. “A eso hay que sumarle generalmente dos o tres años de recurso de casación”, acotó.
También cabe la posibilidad de que alguna de las partes apele ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y que este confirme la medida de suspender el decreto ejecutivo o que determine que la sentencia que suspendió sus efectos no se apega a los ordenamientos jurídicos.
Si pasara lo segundo, una vez más habría dos opciones. Tal como explica Rodríguez, si son cuestiones de procedimientos, devolver el asunto al juez tramitador para que corrija esos aspectos, o bien, Apelaciones podría decidir por su cuenta y confirmar la medida, modificarla e incluso extinguirla.
LEYES IMPUGNADAS
El Periódico de Más Venta en Costa Rica conversó también con Carlos Bolaños, asesor legal de la UNGL, quien explicó los motivos por los cuales los municipios impugnaron el decreto.
Según dijo, su aplicación violenta la Ley General de Caminos Públicos, la cual establece que las carreteras nacionales primarias, secundarias y terciarias son responsabilidad del MOPT, mientras que las cantonales les corresponden a los municipios.
Asegura también que el decreto riñe con la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, así como con el Código Municipal. “La transferencia de competencias es reserva de ley, por lo que solo pueden variarla los diputados”, explicó.
Bolaños afirma que uno de los motivos por los que el juez resolvió aplicar la suspensión provisionalísima fue por la aparente afectación a los recursos de la ciudadanía, debido a que los municipios no han recibido hasta ahora presupuesto para el mantenimiento de las vías, lo que puede interferir con el resto de su economía.
El asesor legal comentó que legislación establece que los gobiernos locales tienen autonomía administrativa, política y económica. En el caso de dicha autonomía será la Sala Constitucional quien lo resuelva, ya que no es competencia el Contencioso.
“ESOS KILÓMETROS
NO VAMOS A IMPONERLOS”
Mauricio Batalla, titular del MOPT, defiende que el decreto es lo mejor para los usuarios de las rutas, sin embargo, asegura que ninguna municipalidad está obligada a aceptar la trasferencia.
Afirma además que alrededor del traspaso de responsabilidades se creó “un mal ambiente”, debido a “una red de mentiras”.
“Me parece que ha habido una serie de desinformación política. Hablo claramente, algunos diputados lo que quieren embarrialar la cancha, poner a pelear a las municipalidades con la administración, a eso se suman unos medios de comunicación.
Fue un decreto que firmó el anterior ministro y yo estoy de acuerdo”, aseveró en conferencia de prensa este jueves.
Batalla añade que no es cierto que con la entrada en vigencia del decreto el MOPT entregó de manera unilateral la responsabilidad sobre más de 3.000 kilómetros de carreteras.
“No hay lista de carreteras, no está oficializada. No es cierto, esos kilómetros no vamos a imponerlos. Es falso que vayamos a transferir una cantidad”, sentenció.
“Se ha hablado de 3.000 kilómetros de carreteras. Si algunos de ustedes me pueden decir dónde está esa lista, que me lo hagan saber. No existe, no hay. Eso fue un ejercicio interno, una interacción de las cerca de 1.000 rutas del país, fue ejercicio nuestro”, dijo.
El ministro ratificó que dieron el paso con el decreto como una forma de apurar la generación de criterios para la mejora de las vías a nivel nacional.
“Antes se determinaba a través de decisiones políticas, no había una serie de criterios, no había una ruta estratégica. Con el paso de los años muchos alcaldes decían: ‘No me alcanza la plata, entonces se lo voy a pasar el MOPT’. Deben pasar por toda una burocracia que incluye la Contraloría General de la República”, apuntó.
PARÁMETROS DE EXCLUSIÓN
Batalla informó que solo se transferirá a las municipalidades las carreteras nacionales que no sean consideradas parte de la red vial estratégica, lo que se define a partir de ocho criterios.
Entre esos parámetros están tener derecho de vía mínimo de 20 metros, conexiones con puntos fronterizos y acceso a puertos o aeropuertos, entre otros.
“Hay que sentarnos en mesas de trabajo, ver cómo podemos cambiar la ley para dotarles la mayor cantidad de recursos. Nuevamente hicimos el ejercicio estadístico de cuánto invierte el MOPT-Conavi en la red.
Estaríamos en la mayor disposición en dar lo que normalmente damos, así puedan gerenciar sus rutas porque ellos saben dónde les chima el zapato”, comentó el funcionario.
En caso de que algún municipio no pueda asumir alguna ruta, Batalla dijo que el MOPT está anuente a buscar mecanismos de comunicación y llegar a acuerdos.
SOBRE MEDIDA CAUTELAR
En cuanto a la medida cautelar interpuesta contra el decreto tras un recurso que presentó la Municipalidad de Santa Bárbara, el MOPT lo tomó con cierta tristeza.
“Aquí las que se ven perjudicadas son las municipalidades porque al suspender ese decreto no van a poder atender la red vial cantonal menor a 14 metros con los fondos que ellos tienen”, expresó el titular de Transportes.
“Para mí se disparan en el pie. Con todo el respeto, están mal asesorados. Iremos tal cual como nos expresó la Procuraduría. Ellos están imponiendo impugnaciones contra reglamentaciones, donde no se están viendo perjudicados y ahora sí”, añadió.
ESCAZÚ EN LISTA
A pesar de la posición de los municipios que se oponen al decreto, otros como la Municipalidad de Escazú dicen que estaban listos para avanzar con lo estipulado e intervenir las rutas cantonales.
“Aquí están estos parámetros, a partir de ahí vamos a sentarnos con cada alcalde. Pongo el ejemplo de Escazú porque antier hablé con el alcalde Orlando Umaña, me dice que quiere trasladar todas las rutas a la municipalidad”, comentó Batalla.
“Yo sé que lo quiere todo, pero vamos a analizarlo con los ocho parámetros. Los que no cumplan se las voy a pasar, tengo la solicitud personal, y hay otros que lo han hecho de forma informal”, indicó.
Ante consulta de DIARIO EXTRA, Orlando Umaña, alcalde de Escazú, aseguró que están en condiciones de asumir las rutas estratégicas.
Incluso dijo que ha sostenido al menos cuatro reuniones con la Asociación Nacional de Municipalidades e Intendencias (ANAI).