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El empresario Carlos Cerdas, dueño de la Constructora MECO, interpuso una denuncia por la presunta violación a los derechos humanos ante un relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Se trata de Diego García-Sayán, quien además fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se refiere a presuntas faltas a las garantías procesales.
DIARIO EXTRA cuenta con copia del documento en el que el relator pide cuentas al Gobierno de Costa Rica por los señalamientos. Cerdas es uno de los principales imputados en la causa conocida popularmente como Cochinilla.
Entre otras cosas, se menciona que el proceso se manejó en medio de una fuerte presión mediática, confusión en la interpretación de normas jurídicas, aislamiento e imposibilidad de defensa.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita el expediente número 19-000025-1218-PE en contra de 78 personas físicas, incluidos Cerdas y 77 más, así como en contra de 14 personas jurídicas, por los presuntos delitos de cohecho propio, cohecho impropio, tráfico de influencias, penalidad del corruptor, entre otros, en perjuicio de los deberes de la función pública y otros.
APLICACIÓN DE ARTÍCULO PRESCRITO
Uno de los temas a los que se hace alusión es precisamente el artículo 2 de la Ley 8754, que incluso se menciona como de “suma gravedad” para cualquier persona investigada.
Lo anterior por cuanto se refiere a los plazos de interrupción de la prescripción y la intervención de las comunicaciones en procesos que reciben la clasificación de delincuencia organizada.
Se hace referencia a que el artículo se derogó en octubre de 2019 y por tanto el juez habría carecido de competencia cuando ordenó la interceptación de las comunicaciones en el caso Cochinilla en una fecha posterior.
FILTRACIÓN DEL EXPEDIENTE
También se hace referencia a que el expediente judicial de la causa debía permanecer bajo secreto judicial, pero que las actuaciones habrían sido filtradas a los medios de comunicación incluso antes de la indagatoria a los imputados, apuntando como responsable al Poder Judicial.
Además se apunta directamente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (Fernando Cruz), quien según este escrito habría externado una opinión en televisión nacional que pudo tener repercusiones, según dice, sobre la independencia de los tribunales, por tratarse de la máxima autoridad.
De igual modo, se apunta a que el presidente de la comisión legislativa que se nombró para hacer el control político del caso (Pablo H. Abarca) habría emitido opiniones que irían contra el principio de inocencia.
RECLUIDO SIN ACCESO A SU ABOGADO
“Me preocupa la información recibida sobre que el señor Cerdas se encontraría en detención preventiva sin posibilidad procesal para recurrir esta decisión; además de haber estado recluido en un centro de máxima seguridad durante una detención preventiva.
La información indica que tampoco pudo acceder a su abogado defensor en momentos en que habría una confusión con respecto a la jurisdicción del proceso. De ser cierta esta información, podría constituir una afectación a su derecho de juicio justo”, manifiesta el relator, sin entrar a hacer un juzgamiento previo.
En sus palabras, de ser cierta esta información, constituiría una afectación a su derecho al juicio justo. Además calificó de preocupante que las declaraciones de la Fiscalía, así como la cobertura mediática sobre el caso, también hayan afectado el proceso.
Se hace referencia a que Cerdas obtuvo la prisión preventiva domiciliaria casi nueve meses después de estar en la cárcel y que no habría sido atendido un reclamo ante la Sala Constitucional por medio del hábeas corpus.
Aclaran que desde un inicio la defensa del imputado ofreció medidas alternativas por considerar que no había fundamentos para dictar la prisión y que una de ellas fue una caución real por $5 millones, que al principio figuró como opción para el juez, pero que luego de un ataque mediático se denegó.
También se asegura que Cerdas pudo quedar en indefensión al no poder recurrir una resolución judicial, ya que no había opción recursiva en el derecho procesal penal de Costa Rica.
El relator dio un plazo de dos meses al gobierno para responder los alegatos del dueño de MECO e instó a tomar las sanciones necesarias en caso de que estos resultaran ciertos.
CORTE RESPONDE
La Corte Suprema de Justicia a través de la Cancillería respondió que en todo momento se respetaron los derechos humanos de Cerdas, así como el debido proceso, su derecho de defensa técnica y material, resultando que en todos los trámites y actuaciones impulsados ha existido un apego riguroso a la normativa prevista en el sistema penal costarricense por parte de los fiscales a cargo.
“Aunado a lo anterior, es importante indicar que este órgano auxiliar de justicia en todas sus labores es respetuoso de la independencia y la objetividad de los señores jueces de la República”, señaló.
Fuente: Oficio 238-P-2022.