Mediante el encuentro internacional de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (Aidef), expertos y especialistas examinaron las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la vulneración de sus derechos.
Según datos del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre de 2023 nuestro país alberga una población carcelaria de 15.635 personas en el sistema cerrado y 2.205 personas en el sistema semi-institucional.
Al 30 de junio de 2023, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Costa Rica reportó un circulante de 7.617 causas, lo cual hace fundamental la presencia activa y directa de los defensores y defensoras de la materia en los distintos centros penitenciarios del país.
Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, expresó: “el índice de masificación, hacinamiento, como quieran denominarlo en los países de la región latinoamericana es verdaderamente alarmante, ya que hace 20 años que venimos diciendo lo mismo que venimos denunciando”.
Rivera Beiras, aseguró que Costa Rica presentaba hace 20 años atrás unos índices de encarcelamiento menores, muy bajos de, aproximadamente, 100 presos por cada 100.000 habitantes, hoy en día se han triplicado o cuadruplicado.
“Recuerdo muy bien cuando empezó ese proceso con las leyes de flagrancia y otras que aumentaron muchísimo la aplicación de medidas de prisión preventiva, etcétera, y que, lamentablemente, hoy 15 o 20 años después vemos que han producido los efectos de haber aumentado como también ha sucedido en otros países de América Latina”, agregó.
En ese sentido, Rivera, siempre hace el mismo llamamiento a que no se dejen tentar, caer en las recetas tan fáciles de pensar que, a mayor intervención penal, a mayor dureza penal, va a haber una reducción de la delincuencia.
“Se necesitan otro tipo de políticas de carácter social y no seguir apostando siempre por un endurecimiento de la política penal, usted habla de políticas sociales”, indicó.
El hacinamiento en Costa Rica es uno de los problemas más notables que sufre el sistema penitenciario desde hace varios años.
“Las instituciones que imparten dolor y sufrimiento legal e institucional y que luego exijan de los gobiernos, la prestación de estos derechos sociales que estoy mencionando, a la educación, la sanidad, las jubilaciones, los transportes dignos, etcétera. Que dejen de hablar de un falso derecho a la seguridad para poder hablar de una seguridad en los derechos”, agregó.