Un contagio masivo de Covid-19 en un centro penitenciario es lo que teme la Defensoría de los Habitantes debido a que estos lugares no están preparados para hacer frente a la pandemia.
Así lo expresó mediante un oficio enviado a la Ministra de Justicia, al Ministro de Salud y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para que, en conjunto, se tomen medidas urgentes que eviten esta situación.
“La realidad de las cárceles en nuestro país implica en algunos supuestos, una atención unipersonal en salud para toda la población penitenciaria, lo que limita notablemente los procesos de prevención, diagnóstico y atención oportuna que se están requiriendo para la atención de la pandemia, si se analiza que el mismo personal debe de atender a la población privada de libertad con enfermedades crónicas o cualquier otra situación de naturaleza súbita”, indica la defensoría en la carta mencionada.
Incluso resalta que el hecho de que ya un miembro de la Policía Penitenciaria haya dado positivo es de preocupación, porque significa que ya el virus entró y los privados de libertad no tienen las condiciones para evitar que se propague.
“La realidad operativa de los centros, nos coloca en la palestra la necesidad imperante de diseñar protocolos de atención adecuados a las condiciones de cada centro penitenciario y en concordancia con los Lineamientos Nacionales sobre Covid-19. En este sentido, debe el Ministerio de Justicia asumir la responsabilidad histórica de hacerle frente a la coyuntura sanitaria, pero con la definición previa del Ministerio de Salud”, agrega la carta.
La preocupación va además en el sentido de que en caso de que varios privados de libertad fueran contagiados y necesitaran atención médica o una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que podrían saturar los sistemas de salud y eso crearía una emergencia aún peor.
Es por esto que exigen se tomen todas las medidas necesarias en todos los ámbitos del país para que se garantice la salud de los privados de libertad, así como de los funcionarios de estos centros.
“Se debe de continuar garantizando la atención integral de la salud a la población privada de libertad y al personal penitenciario, dotándolos con la indumentaria de protección necesaria y suministros de limpieza para prevenir el contagio y la propagación de enfermedades”, afirmó la defensoría.
SE SACUDE
Tras conocerse esta carta, el Ministerio de Justicia reaccionó y se defendió de los señalamientos hechos por el ente defensor.
La viceministra Viviana Boza fue enfática en que desde el primer momento se han tomado medidas para buscar garantizar la salud de todos los que conviven en los centros penales del país.
Por ejemplo, resaltó que se instaló la mesa de situación gracias a la cual se estableció el protocolo de acción para saber cómo actuar, incluso antes del primer caso positivo.
“Las primeras medidas que hemos tomado para la protección de la salud de los privados de libertad son la cancelación de la visita familiar e íntima y las jornadas de limpieza”, comentó Boza.
Incluso dejó claro que se tienen espacios listos para un eventual aislamiento en caso de ser necesario.
Lo cierto del caso es que la Defensoría dio cinco días para tener una respuesta formal sobre la situación y que se está garantizando evitar un contagio masivo que es la principal preocupación.