Los dueños de armas y municiones para práctica deportiva que las faciliten a terceras personas para cometer delitos serán castigados con cárcel.
Los altos jueces de la Corte Plena aprobaron un informe de la propuesta legislativa del expediente 24.000 y acordaron que dicha iniciativa no afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial.
El magistrado de la Sala III, Rubén Alfaro, explicó que había sido presentado previamente y que, tras varias reformas realizadas, solo necesitará 29 votos para ser aprobado en la Asamblea Legislativa.
El proyecto propone que la pena sea de cuatro a ocho años y podría incrementar un tercio si el caso se relaciona con el crimen organizado.
“Cuando se transmite a alguien un arma para que la utilice para un delito estamos hablando de una figura que ya existe en sentido estricto, que es la complicidad”, explicó.
En este nuevo informe, Alfaro señala que se está considerando que la iniciativa no incide, porque, aunque se trata de un nuevo tipo penal, no es una conducta que no pueda ser perseguida desde el ordenamiento jurídico penal vigente.
“Aquí el tema es que, según el estudio, la propuesta que se está viendo ya podría ser conocida, investigada, perseguida y juzgada desde el concepto de la participación”, agregó.
