Managua. (EFE).- Un hombre de 42 años fue arrestado en Nicaragua como presunto asesino de la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, quien falleció víctima de varios disparos, informó la Policía Nacional.
La policía nicaragüense identificó al sospechoso como Pierson Gutiérrez Solís, de 42 años.
A Gutiérrez \”le fue ocupada (decomisada) un arma de fuego, tipo carabina M4\”, detalló la autoridad en un corto comunicado.
Inicialmente habían informado que el autor del crimen era un vigilante de seguridad privada, pero en el reporte no se explicó cómo un guarda de su tipo portaba un fusil de asalto automático en versión carabina fabricado por la empresa Colt de Estados Unidos.
La policía tampoco confirmó si Gutiérrez era un guarda de seguridad privada.
Horas después del asesinato de Lima, el rector de la Universidad Americana (UAM), donde la brasileña estudiaba sexto año de Medicina, Ernesto Medina denunció que ella fue víctima de los disparos de \”un grupo de paramilitares\”.
GALENOS Y PROTESTAS
Pobladores de la ciudad de León, noroeste de Nicaragua, protestaron contra el presidente Daniel Ortega, esta vez por el despido de decenas de médicos estatales que atendieron a manifestantes que resultaron heridos en ataques del Gobierno contra la población, desde abril pasado.
Cientos de habitantes de León, 97 kilómetros al noroeste de Managua, salieron a las calles para mostrar su respaldo a los médicos que fueron despedidos del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), propiedad del Estado.
Tanto el movimiento cívico Articulación Leonesa, como el Movimiento Estudiantil 19 de Abril UNAN-León, reportaron que entre 30 y 40 galenos fueron echados del hospital estatal.
Algunos de los afectados, que no brindaron sus nombres por temor a represalias, afirmaron que fueron despedidos \”por terroristas, por atender a los manifestantes heridos\”.
La prohibición a atender manifestantes heridos es una violación a los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicaragua que ya ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los médicos advirtieron que el departamento (provincia) de León podría enfrentar una emergencia sanitaria, ya que el Heodra se quedó sin especialistas en oncología, neumología, infectología, entre otros.
La polémica se da en medio de una crisis que ha dejado entre 295 y 448 muertos en manifestaciones contra Ortega desde el 18 de abril.
REPRESIÓN MÁS CRUDA
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, denunció la existencia de una \”tercera fase\” de represión en Nicaragua con un carácter \”más crudo\”, consistente en el uso de las instituciones para criminalizar a los manifestantes.
En una rueda de prensa en la sede de la CIDH, en Washington, Abrão explicó que en la \”primera fase\”, que duró hasta mediados de junio, hubo una \”represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía directamente contra los manifestantes\”.
La \”segunda fase\”, según Abrão, engloba la llamada \”Operación Limpieza\”, que puso en marcha el Gobierno del presidente Ortega con el objetivo de eliminar barricadas en feudos opositores, pero que se convirtió en ataques de paramilitares y policías contra la población civil.
\”Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país\”, aseguró Abrão, que ha detectado un \”proceso de criminalización de los manifestantes\”, tras la reciente aprobación en el Parlamento de una ley antiterrorismo, que, de acuerdo con la ONU, podría usarse para perseguir las protestas pacíficas.
ACUSACIÓN
Un periodista que cubría la crisis sociopolítica de Nicaragua fue capturado por la Policía Nacional, informó el Noticiero Acción 10, para el que trabaja.
Tras confirmar el arresto de Paco Espinoza, corresponsal del Noticiero Acción 10 en la ciudad de Jinotega (norte), el Canal 10 de televisión local exigió \”la libertad para el colega, que se respete el trabajo de prensa\” de su medio.
Espinoza, un excorresponsal del Canal 8, fue capturado en la ciudad de Matagalpa, vecina de Jinotega, en una fecha no especificada.
Por otra parte, el alcalde opositor del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, fue acusado por el Ministerio Público del delito de terrorismo.
Fargas, junto con su conductor Ernesto Jarquín Orozco y el guardaespaldas Nicolás Cienfuegos, enfrentarán a la justicia por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, toma de rehén y tenencia ilegal de armas de fuego, según la acusación, que fue aceptada por un juez de Managua, detalló la Presidencia, a través de medios del Gobierno.
Los hombres son acusados como autores intelectuales y materiales del ataque a la delegación policial de la comunidad Sislao Paraska-Pueblo Nuevo, en Mulukukú, que está a 247 kilómetros al noreste de Managua, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), ocurrida el 11 de junio, en que murieron tres policías y un civil.