Antes de noviembre
La Municipalidad de San José todavía no adjudica el contrato para la administración de los parquímetros y, en caso de no hacerlo este año, tendría pérdidas económicas que superarían los ¢1.500 millones.
Solo durante los últimos días de julio, el municipio dejó de recibir ¢86,90 millones (¢33,20 millones por estacionamientos y ¢53,70 millones por multas), mientras que el promedio estimado de pérdidas entre los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre se eleva ¢292 millones, sumando ambos elementos.
Así lo certifica un informe enviado por el Grupo Setex (EPark Costa Rica), en el que calcula los ingresos municipales en caso de haber continuado con el servicio, en el que se indica que la institución no percibiría ¢1.263 millones de ingresos.
Sin embargo, a ello debe sumarse el salario de los 48 funcionarios municipales que laboran en el Departamento de Parquímetros, a quienes el ayuntamiento paga cada mes cerca de ¢75 millones, es decir, más de ¢300 millones en egresos si para noviembre el contrato no entra en aplicación.
Según advierte la empresa, las pérdidas para el municipio se elevarían a más de ¢4.429 millones en un año, y a eso debe sumarse el posible despido de los 48 colaboradores de la entidad.
REQUISITOS PARA FIRMAR
De acuerdo con Juan José Echeverría, abogado de la empresa, solo falta un requisito para la firma del contrato y que así el servicio de parquímetros se implemente una vez más en la capital.
Se trata de la entrega del presupuesto detallado por parte de la empresa, lo cual no es posible hasta que la administración del municipio disponga de un espacio para ello en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Según comentó, se corre el riesgo de que declaren insuficiente la contratación “cuando son ellos los que tienen que darnos el espacio tecnológico para subirlo”. Previamente, la compañía había entregado el cumplimiento de garantía por cerca de ¢400 millones.
“Todo pareciera evidenciar que quieren de una otra forma seguir obstaculizando la ejecución del contrato, no lo lograron con la declaratoria de infructuoso porque la Contraloría lo evitó y ahora están pues buscando otras argumentaciones para lograrlo”, comentó Echeverría.
Por su parte Iztarú Alfaro, regidora que presentó a principios de mes un recurso de amparo en contra del alcalde Diego Miranda, para que respondiera sobre el atraso en la contratación del servicio, comentó que la respuesta que recibió fue “evasiva e incoherente”.
Por ello, recurrió una vez más a la Sala Constitucional, en el que espera que se obligue a la administración a responder “como es debido”. “Este es un tema serio y que les ha causado perjuicios a las arcas municipales, lo que al final afecta a los josefinos”.
