Caos tarifario del AyA genera sobrecostos a costarricenses
Contraloría cuestiona gestión del AyA y señala fallas regulatorias de Aresep que afectan a los usuarios
La Contraloría General de la República (CGR) detectó importantes deficiencias en la gestión tarifaria del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como en la supervisión ejercida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), una combinación que, según el órgano contralor, ha provocado rezagos en la actualización de tarifas, riesgos de sobrecostos para los usuarios y una regulación insuficiente sobre los recursos que recauda el Instituto.
El informe señala que las debilidades acumuladas durante años afectan la sostenibilidad financiera de los servicios y limitan la protección de los consumidores.
Entre los principales hallazgos, la CGR señala que el AyA mantiene desactualizadas las tarifas de cuatro de los cinco servicios que presta. En algunos casos, los rezagos alcanzan hasta 21 años sin una revisión integral de los costos, mientras que tampoco se presentaron oportunamente estudios tarifarios ni liquidaciones requeridas por la normativa.
Según el informe, esta situación “ha limitado la revisión periódica de los costos reales de los servicios, el reconocimiento tarifario de las inversiones y la determinación de eventuales saldos a favor de las personas usuarias”, lo que impide establecer con precisión si existen montos que deban ser reintegrados a los abonados.
“La omisión al no rebajar la depreciación acumulada de la base tarifaria ha generado cobros improcedentes que configuran un perjuicio financiero sistemático estimado en ₡26.074 millones para las personas usuarias entre 2023 y 2026”, detalló la CGR.
Aresep recibe críticas
El informe también dirige fuertes observaciones hacia Aresep pues la Contraloría indica que la deuda y falta de actualización también incluyen “la aplicación parcial de las potestades de la ARESEP”, debido a que la entidad reguladora no realizó estudios tarifarios de oficio para algunos servicios, tardó 17 años en efectuar uno correspondiente a los servicios conexos y mantiene pendientes liquidaciones tarifarias del Instituto.
El informe además advierte que “la ausencia de fiscalizaciones financiero-contables por parte de la ARESEP ha contribuido a que esta situación persista”, pese a que cuenta con herramientas legales para ejercer un mayor control sobre la información financiera presentada por el AyA.
Otro de los señalamientos apunta a la administración de los ingresos tarifarios pues La CGR concluyó que el AyA no dispone de mecanismos de trazabilidad suficientes para demostrar que los recursos cobrados por cada servicio se destinan exclusivamente a ese fin, es decir, que los ingresos podrían estarse destinando a otros proyectos no relacionados.
Como consecuencia, se generan subsidios cruzados no autorizados entre servicios, dificultando identificar desequilibrios financieros e ineficiencias operativas.
La auditoría también determinó que los usuarios continúan pagando por miles de activos completamente depreciados, cuya inversión ya fue recuperada mediante las tarifas. Además, la CGR advirtió que las liquidaciones tarifarias pendientes impiden establecer si existen saldos a favor de los abonados que deban ser devueltos.
AyA responde
Consultados por Grupo Extra, el AyA detalló que “el documento fue recibido hoy. En este momento lo estamos analizando para verificar si incorpora las observaciones y correcciones que solicitamos”.
La institución además expresó que la información ya habría sido conocida desde la “semana pasada”, por lo que “ya que identificamos algunos aspectos que estaban siendo interpretados de manera distinta a lo que corresponde”.