Los cantineros de pueblo y de zonas rurales están a punto de cerrar sus puertas y entregarles las patentes a las cadenas de supermercados, por lo que el próximo lunes anunciarán las medidas que pondrán en práctica para sobrevivir.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), explicó ayer que los pequeños y medianos patentados de licores, amenazados con una exclusión total del mercado y, por ende, con graves afectaciones socioeconómicas para sus propias familias y para las personas trabajadoras que emplean, desean divulgar con mayor precisión la naturaleza de su problemática. Por eso este lunes realizarán una conferencia de prensa donde ahondarán en las gestiones que han venido haciendo y otras que están en preparación.
Los propietarios de este tipo de negocios integran los sectores medios de nuestra sociedad, y no acumulan grandes fortunas, pagando puntualmente todos sus impuestos.
Agregó que la nueva ley de patentes de licores no contempla en sus efectos impositivos una escala de dimensiones sobre el tamaño de este tipo de comercio y el volumen de negocios que el mismo genera; de forma tal que la cantina de un barrio alejado paga lo mismo que uno de los supermercados más grandes del país.
“De no revertirse tal situación, el país seguirá avanzando por la senda de la concentración y la pauperización total de su clase media, pues el comercio de licores sólo podrá ser gestionado por grandes consorcios y empresas de enorme poderío económico”, comentó Vargas.
Agregó que la ANEP (de manera reiterada) ha venido indicando que el principal problema nacional es el crecimiento de la desigualdad, por ende dará apoyo a esta denuncia.
Explicó que los bares de pueblo vieron afectados sus ingresos por la disminución de sus clientes con la ley del fumado y ahora, al aumentársele los impuestos en forma tal exorbitante, podrían verse obligados a entregar sus patentes a las cadenas de supermercados de capital extranjero.