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La inseguridad ciudadana y la crisis de la seguridad social marcaron el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el que los aspirantes presidenciales coincidieron en la urgencia de actuar, aunque con propuestas y visiones distintas sobre cómo enfrentar ambos problemas.
Ana Virginia Calzada, del partido Centro Democrático Social, afirmó que la seguridad debe abordarse de forma integral y que el aumento de penas no resuelve por sí solo el problema. Señaló que el temor en las calles es consecuencia de malas decisiones y planteó la necesidad de contar con policías mejor capacitados, así como reformas a distintos códigos legales.
Claudia Dobles, candidata del partido Coalición Agenda Ciudadana (CAC), aseguró que Costa Rica “vive con miedo” y propuso una estrategia de control territorial que permita retomar los megaoperativos, con más presencia policial y uso de tecnología. Añadió que la sostenibilidad de estas acciones debe ir de la mano con inversión social, mediante programas como Sembremos Seguridad, con apoyo internacional.
Sobre el sistema penitenciario, indicó que el hacinamiento limita la acción judicial y debe resolverse con mejor infraestructura carcelaria.
Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, planteó elevar la pena máxima hasta los 50 años, declarar emergencia nacional en materia de seguridad y ampliar los espacios en las cárceles, además de incorporar más tecnología. También rechazó lo que calificó como ataques políticos, señalando que su prioridad es proteger a las mujeres y a las familias afectadas por el sicariato y la criminalidad.
Marco Rodríguez, del partido Esperanza y Libertad, propuso la creación de un centro de monitoreo que permita a la Fiscalía contar con información para mejorar su trabajo, así como acciones para sacar a los jóvenes del narcotráfico. Además, insistió en la necesidad de vigilar las costas, aumentar penas y respetar la política pública dirigida a la prevención de la violencia contra las mujeres, integrada al sistema de monitoreo.
Por su parte, David Hernández, del partido de la Clase Trabajadora, centró su discurso en las causas estructurales de la violencia. Aseguró que los principales problemas se originan en los barrios obreros por decisiones de sectores políticos y empresariales, y propuso eliminar el secreto bancario para conocer el financiamiento de los partidos. Indicó que la inseguridad no se limita a los asaltos, sino también a la represión de la protesta social, y apostó por la educación pública y la inversión social como eje de la solución.
En el tema de salud, Dobles defendió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como base de la paz social y de la democracia. Planteó reducir las listas de espera mediante mejoras en las condiciones laborales de los especialistas, ampliación de horarios en los EBAIS y revisión de la Ley de Empleo Público para reducir brechas salariales.
Hernández fue enfático en señalar que la morosidad patronal afecta directamente a las familias trabajadoras y propuso sanciones penales para quienes no cumplan con el pago a la Caja. Rechazó cualquier negocio con la salud y defendió un sistema público fuerte, asegurando que otros debates, como los relacionados con identidad de género, no son la causa de la crisis de la CCSS.
Alvarado reconoció el impacto de las listas de espera y propuso alianzas público-privadas con hospitales, además del uso de tecnología como blockchain para mejorar la trazabilidad de los procesos. Aseguró que su propuesta no implica privatizar la Caja y anunció la construcción de nuevos EBAIS.
Calzada afirmó que detrás de cada persona en lista de espera hay un problema de gestión. Para ello, propuso el uso de inteligencia artificial y la revisión de la Ley de Empleo Público para evitar la fuga de especialistas. Además, planteó tolerancia cero con los morosos de la CCSS, incluyendo a quienes aspiren a cargos de elección popular.
Rodríguez aseguró que su propuesta permitiría saldar en ocho años la deuda del Estado con la CCSS, lo que abriría espacio para invertir en infraestructura pública y fortalecer la atención primaria en 189 EBAIS, con el objetivo de reducir las listas de espera.
Durante el debate, Claudia Dobles manifestó su respeto por las manifestaciones y huelgas, y se mostró abierta a revisar la llamada “ley antihuelgas”, aprobada en 2020.
David Hernández reiteró que su propuesta de expropiar corporaciones se limitaría a grandes empresas y no afectaría a las pequeñas y medianas, criticando el papel de transnacionales en la economía nacional.
Fabricio Alvarado, en tanto, defendió el fortalecimiento de la educación STEM y el bilingüismo, así como la dignificación del personal docente, y propuso un máximo de 25 estudiantes por aula. También cuestionó al actual gobierno por decisiones relacionadas con educación sexual.
El debate evidenció coincidencias en el diagnóstico, pero claras diferencias en las rutas propuestas para enfrentar dos de los principales desafíos del país: la inseguridad y la salud pública.
