Cancillería avala embajadora de Venezuela pese a ser tica

A pesar de lo dispuesto en la Convención de Viena, el Gobierno de la República avaló la designación de la costarricense María Faría como embajadora de Venezuela en Costa Rica.

El artículo 8 de dicho tratado establece que “los miembros del personal diplomático de la misión no podrán ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad del Estado receptor”.

En otras palabras, Faría no puede ocupar el cargo de embajadora de Venezuela en Costa Rica, ya que es naturalizada costarricense, por lo que lleva más de 10 años viviendo en territorio nacional.

A eso se suma que si bien la Convención de Viena añade que los estados pueden hacer una excepción en casos como los de Faría, tienen vía libre para exigir que renuncien a la doble nacionalidad, lo que tradicionalmente sucede en la diplomacia.

NATURALIZADA

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, María Alejandrina Faría Faría, de 35 años, nació en Venezuela el 26 de junio de 1983. El reporte señala que es “costarricense por naturalización”, por lo que está en el padrón electoral. De hecho, a la embajadora le corresponde votar en el distrito electoral de Bello Horizonte, en San Rafael de Escazú.

La diplomática designada por el Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, a la cual tanto el canciller Manuel Ventura como el mandatario Carlos Alvarado le recibieron las credenciales que la autorizan como máxima figura del país suramericano en Costa Rica, vive en Guachipelín de Escazú y laboró aproximadamente dos años en el canal de televisión CB24.

ESPOSA DEL DUEÑO DE CB24

DIARIO EXTRA publicó en su edición del viernes 22 de febrero que Faría es la esposa del empresario venezolano Carlos García Ibáñez, propietario de dicho canal de televisión que actualmente enfrenta demandas laborales por más de ¢50 millones.

Entre los denunciantes están la presentadora de noticias Victoria Campos, la periodista de espectáculos Catalina Mendieta, la diseñadora gráfica Erika Nahrgang y el técnico Jonathan Araya.

En esa edición, El Diario del Pueblo recordó que en julio de 2017 las partes intentaron llegar a un arreglo, pero no dio frutos porque al parecer CB24 no continuó con los pagos.

¿OCULTÓ INFORMACIÓN?

El Periódico de Más Venta en Costa Rica consultó con la oficina de la prensa de la Cancillería sobre la condición de la embajadora, pero se encuentran tramitando la información.

La duda en torno al caso es si Faría comunicó al Gobierno de Costa Rica sobre su situación respecto a la doble nacionalidad.

Para el reconocido abogado penalista José Miguel Villalobos, de no haberlo hecho omitió información de relevancia para el Estado.

“El Artículo 8.2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en principio lo impide (ejercer como diplomático con la nacionalización del Estado donde se desempeñará), salvo consentimiento expreso del Estado receptor, en este caso de Costa Rica, que lo puede revocar en cualquier momento. Lo que no está claro es si la Cancillería lo sabía. Es decir, no está prohibido, pero debe expresamente autorizarlo el país receptor. El punto es si Costa Rica lo sabía o se lo ocultaron. Tiene la palabra la Cancillería”, cuestionó.

DIARIO EXTRA supo de fuentes internas que el gobierno al parecer desconocía el estatus de Faría.

ALBOROTO

Se debe recordar que en la última semana la embajadora provocó un alboroto que salpicó al gobierno costarricense.

Pese a que tanto el canciller Ventura como el presidente Alvarado le explicaron a Faría que a los diplomáticos que responden al régimen de Nicolás Maduro se les otorgó 60 días naturales para que abandonen el territorio nacional, la diplomática decidió asaltar la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, ubicada en Los Yoses.

La acción fue condenada y censurada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que le entregó una carta diplomática como llamada de atención. Tras lo acontecido, Alvarado se limitó a indicar que a Faría se le dio la mano, tomando en cuenta la situación de angustia que enfrenta Venezuela, y agarró hasta el codo.

Este medio intentó conversar con la funcionaria de Guaidó, pero su teléfono celular continúa suspendido por falta de pago.