Epsy Campbell, canciller de la República, deberá presentarse ante los diputados que conforman la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Este lunes se votó una moción impuesta por el presidente de dicha comisión, Jonathan Prendas.
En específico, se ordena la apertura de un nuevo expediente para investigar todo lo relativo a los nombramientos aparentemente irregulares que han ocurrido en la Cancillería.
Además de llamar a comparecer a Campbell, deberá presentarse en Cuesta de Moras Natalia Córdoba Ulate, directora de Asesoría Jurídica, así como María Milagro Chaves Barrantes, auditora interna.
El objetivo es esclarecer lo referente a los nombramientos de la directora general y directora adjunta de Política Exterior, Adriana Murillo y Carolina Fernández.
Para ocupar dichos puestos ambas diplomáticas deberían tener el rango de embajadoras, según el artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior.
No obstante, tanto Murillo como Fernández, nombradas el pasado 9 de julio, son consejera y primera secretaria, según los escalafones.
La preocupación a lo interno de la comisión también surge, ya que la decisión habría provocado jugosos aumentos salariales.
Según la tabla de equiparaciones de funcionarios (con corte al 30 de junio del 2018), un consejero en el servicio interno debe percibir un salario base de ¢963.650, mientras que un embajador la suma de ¢1.174.950. Ambos montos sin contar pluses.
En el caso de los primeros secretarios en el servicio interno el sueldo base es de ¢820.600.
Lo anterior puede traducirse en que tanto Murillo como Fernández estarían percibiendo al mes cerca de ¢211.000 y ¢354.000 mil de más.
Además de estas designaciones, en la Cancillería también conformaron la comisión calificadora del servicio exterior con tres funcionarias que no son ni siquiera diplomáticas.
Se trata de Catherine Rivera McKinley y Tathiana Flores Acuña, ambas asesoras del despacho de la Canciller. La tercera es Ulate.
Los nombramientos del 9 de julio (de Murillo y Fernández), así como de los miembros de la comisión calificadora del servicio exterior (el 13 de julio) no fueron comunicados a la opinión pública.
Consultada por este medio, la Canciller dijo que está anuente a las instancias que requieran de su presencia y explicaciones.
“Por supuesto (daré explicaciones). Yo misma les mandé una nota para ir (ante los diputados). Yo creo que están confundidos y no entienden lo que es una aplicación para todos los ministerios de Costa Rica.
Los ministerios funcionan de una cierta manera de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y por supuesto yo misma les expliqué (a los diputados) para que quede claro, les mandé la normativa, las interpretaciones que ha hecho el Servicio Civil sobre el por qué son puestos de confianza”, defendió Campbell.