Canciller a dar la cara por plaza a creador de UPAD

El Canciller de la República Rodolfo Solano deberá brindar explicaciones ante los diputados por el nombramiento en la Casa Amarilla del exasesor de Casa Presidencial Luis Salazar Muñoz, quien fue el encargado de redactar el decreto que buscada dar seguridad jurídica a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Así lo acordaron por unanimidad los legisladores que integran la Comisión de Asuntos Internacionales, luego de una moción de audiencia que presentó la diputada liberacionista Franggi Nicolás.

DIARIO EXTRA dio a conocer la semana anterior que Salazar Muñoz ocupará una plaza en Cancillería, a partir del 1 de octubre, luego de ganar un concurso público. 

El canciller detalló que el exasesor deberá estar un año a prueba en la Dirección Jurídica para luego quedar en una lista de elegibles. Su salario rondaría el millón de colones.

El nombramiento generó amplia molestia en un grupo grande de la oposición que incluso pidió al gobierno desistir de esta decisión.

PIÑATA DE PUESTOS

Nicolás dijo estar harta de lo que considera es una piñata de puestos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Ya estamos hartos de que este gobierno utilice nuestra Cancillería como la red de cuido del PAC para premiar y proteger a sus amigotes, casi siempre cuestionados”, mencionó la verdiblanca.

Prometió investigar y llevar este nombramiento hasta las últimas consecuencias, ya que considera que Salazar Muñoz fue nombrado de forma ilegal.

DUDA EN NOMBRAMIENTO

Los diputados también están solicitando al canciller Solano aclarar si el nombramiento de Salazar podría tener roces con el Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior de la República y con el reglamento del Concurso de Oposición.

Lo anterior porque ambos reglamentos, en sus artículos 18 y 6, respectivamente, aclaran que, como requisito para ser nombrado en cualquier cargo en este ministerio, se debe demostrar que no se tienen causas penales pendientes.

Precisamente, Salazar figura como uno de los investigados por la Fiscalía General, junto a otras 7 personas (incluido el presidente Carlos Alvarado), por la creación de esta oficina de espionaje. Bajo el expediente 20-005434-0042-PE, el Ministerio Público investiga a estos funcionarios por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. 

DIARIO EXTRA consultó con el abogado penalista y exjuez Ewald Acuña sobre los artículos de los reglamentos mencionados.

A criterio del litigante, Salazar no debería tener problemas en superar ese requisito, ya que él no ha recibido ninguna acusación formal de la Fiscalía y sigue siendo investigado.

“Mientras la persona no sea intimada (informada formalmente de que es investigada penalmente y cuáles son las pruebas existentes en su contra) no tiene causa penal pendiente”, explicó.

Salazar Muñoz tuvo que renunciar a su puesto como comisionado encargado de la población LGBTI el pasado 28 de febrero, luego que se dio a conocer que él fue quien redactó el polémico decreto presidencial que buscaba dar legitimidad a la UPAD y que expertos en materia constitucional han calificado como ilegal.

La audiencia aún no tiene una fecha definida.