En una carta abierta, la Cámara Nacional de Radio (Canara), lanzó una enérgica protesta contra las propuestas al Código Electoral, presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) semanas atrás, en la que se busca, entre otras, que tanto televisoras y radioemisoras otorguen 30 minutos diarios a los partido políticos, durante la campaña para que den a conocer sus planes y proyectos.
Canara expuso las razones por las cuales está en contra de la propuesta de la autoridad electoral del país y a criterio de la instancia afectará los intereses de las empresas y calificó el planteamiento como “el peligroso y sutil tránsito de la equidad democrática a la imposición autoritaria”.
La instancia recordó la colaboración brindada a diferentes entidades e instituciones públicas, entre estas el mismo TSE, en diferentes campañas o actividades de interés.
Entre otros, Canara en la carta pública señala que “es de recordar que en tiempos electorales, la ley impone una veda publicitaria que afecta el financiamiento de los costos de las empresas de radiodifusión, por lo que la iniciativa del Tribunal traería inexorablemente aparejada, la creación de un escenario ruinoso, de asfixia económica y de cierre empresarial y no de una limitada colaboración como se le ha querido presentar a la opinión pública”.
ENÉRGICA PROTESTA
Al mismo tiempo, Canara formuló “su más enérgica protesta” y solicitó que se sienten las responsabilidades administrativas contra Diego Brenes, asesor de la presidencia del TSE y de Héctor Fernández, director de financiamiento de partidos políticos, pues considera que emitieron criterios sin ninguna base o que se extralimitaron en sus aseveraciones ante la ciudadanía.
“(…) declaraciones del señor Diego Brenes en las que asocia la propuesta del Tribunal con medidas para frenar la corrupción, con lo que se lanzó al público la especie idónea que las estaciones de radio o los canales de televisión, a través del financiamiento público de la propaganda electoral que en ellos se transmite pueden haber favorecido de alguna manera, actos censurables y corruptos de personas involucradas en la política nacional. Esperamos que se conmine al señor Brenes, en su condición de funcionario del Tribunal, a hacer una pública retractación, aclarando sus manifestaciones para no vernos forzados a acudir otras instancias en defensa del honor y buen nombre de los radiodifusores asociados a esta cámara”.
Sobre el segundo, en el documento de Canara “respetuosamente solicitamos, que por lo anterior, se abra el correspondiente expediente administrativo contra el señor Fernández, y se le imponga la sanción disciplinaria que corresponda, sin perjuicio de conminarle, a aclarar en forma pública que al referirse a las concesiones de radiodifusión abierta y gratuita , emitió criterio en su condición de funcionario público sobre temas que desconoce y que no le competen”.