La empresa Televisora de Costa Rica, dueña de Canal 7, pagó ¢3.724 millones al fisco para responder a una demanda por defraudación fiscal.
El monto incluye el pago de los tributos, intereses y multas adeudados a Hacienda.
Así lo hizo público, la propia Teletica. El pago corresponde al proceso penal expediente judicial 08-000005-0618-PE, seguido en su contra.
DIARIO EXTRA supo que el caso se seguía por unos ¢6 mil millones, pero la empresa demostró que había hecho unos pagos, por lo que el monto se redujo.
La Procuraduría General de la República confirmó la noticia mediante un correo electrónico.
En este indica que se consideraron que los términos de la negociación permitían la reparación integral del daño y en consecuencia se aprobó acudir a la medida alterna.
“Los términos de la conciliación no se pueden dar a conocer debido a que son confidenciales de conformidad con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social”, agregó el abogado del Estado.
Se presume que la tesis de Hacienda era que mediante una sociedad ubicada en el exterior se movía un dinero por uso de imagen que no pagaba impuestos.
Este se podría calificar por parte de abogados tributarios como un caso complejo.
El Periódico de más Venta en Costa Rica intentó tener la versión de la empresa, pero indicaron no poder referirse por una recomendación legal.
No obstante, este medio consiguió un comunicado interno donde Televisora de Costa Rica, indica que la figura legal utilizada es “completamente normal y común en televisoras de todo el mundo y durante años nos la recomendaron empresarios de televisoras y abogados de otros países”.
SOCIEDAD DECLARÓ Y PAGÓ
El mecanismo que se usó Televisora de Costa Rica es el denominado “royalty”, que es una especie de pago, y que según la empresa, Tributación siempre estuvo informada.
“En el 2008, Tributación Directa cuestiona esta operación y presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Confiados en nuestro proceder y en forma voluntaria, entregamos a las autoridades absolutamente toda la documentación sobre el caso. En tres detallados informes la Oficina de Investigaciones Contables del Organismo de Investigación Judicial concluye que no existe ninguna acción delictiva. Con base en estos estudios, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial, en setiembre del 2011, dicta un Auto de Desestimación de la denuncia eximiendo a Televisora de Costa Rica de cualquier irregularidad”, indica el documento.
Adicionalmente, mencionan que todavía no entienden por cuáles motivaciones, funcionarios del Ministerio de Hacienda en su momento, pidieron reabrir el caso.
“Funcionarios de la Procuraduría General de la República, en un acto sin precedentes, piden cobrar a la empresa los impuestos de renta de 10 años por el gasto deducible por el pago del “royalty”, a pesar que la sociedad costarricense propietaria de las marcas declaró con total claridad el ingreso y pagó hasta el último céntimo que la ley exige”, añade el documento.
La empresa da a entender que pagó bajo protesta, y que la única razón fue no ser expuesto a un vía crucis legal.
“Estamos convencidos que la prepotencia y falta de profesionalismo que constatamos en los funcionarios que promovieron este caso”, añade el texto.