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Epsy Campbell, canciller de la República, presentará este lunes la consulta en torno a los nombramientos en las direcciones de Política Exterior y Cooperación Internacional, que según la oposición en el Congreso son ilegales.
Incluso el propio órgano procurador se refirió al caso y se trajo abajo varios argumentos empleados por la administración pública a la hora de justificar las designaciones.
Si bien la opinión jurídica OJ-115-2018 no se refiere directamente a los nombramientos, sí es clara en señalar que se debe respetar el Estatuto del Servicio Exterior y no el Estatuto del Servicio Civil. Empero no es vinculante.
Esa precisamente es la justificación del Poder Ejecutivo para volver a enviar a la Procuraduría General de la República (PGR) la nueva consulta.
“Este viernes regresaré a Costa Rica, tras una gira de trabajo por Austria, y será el próximo lunes 3 de diciembre cuando personalmente firme y remita a la Procuraduría General de la República la consulta respecto a la forma de nombrar funcionarios en puestos de dirección”, había asegurado Campbell en sus redes sociales, la semana anterior.
CASO
Hay que recordar que, entre julio y noviembre, la Canciller nombró como directoras a Adriana Murillo, Carolina Fernández y Adriana Solano, en las direcciones antes mencionadas.
Tras las designaciones se levantó la polémica sobre si las diplomáticas cumplen con lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior.
Dicho enunciado establece que para ocupar una dirección se debe de contar con el rango de embajador.
Murillo es consejera, Fernández es tercera secretaria (uno de los peldaños más bajos del escalafón diplomático) y Solano es ministra consejera.
Si la ley se hubiese aplicado, en el orden antes señalado, las funcionarias solo se podrían desempeñar como subdirector de ceremonial, funcionaria auxiliar y jefe de departamento consultar de primera clase.
Los movimientos provocaron aumentos salariales de hasta ¢354 mil al mes sin contar pluses.
El caso está siendo investigado por el Ministerio Público por el delito de nombramiento ilegal, así como por los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.
Tanto la canciller como el presidente Carlos Alvarado han asegurado que una vez que se pronuncie la PGR revocarán las designaciones, si fuese el caso.