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La revisión técnica vehicular en Costa Rica atraviesa un camino de espinas a falta de cuatro meses de que finalice el contrato con la empresa Riteve SyC.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) incumplió la disposición para que en Costa Rica se garantice la inspección que determine el estado en el cual se encuentran los vehículos.
Así lo manifestó la Contraloría General de la República (CGR), entidad que finalizó el proceso de seguimiento a la disposición 4.4 del informe DFOE CIU IF 00004-2021 al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), relacionado con el programa de trabajo de cierre del contrato.
El órgano contralor envió un oficio a Edwin Herrera Arias, director ejecutivo del Cosevi, el pasado 10 de marzo, donde le cuestiona la falta de acciones que garanticen el trabajo eficaz.
“En el proceso de seguimiento, dicha institución se refirió a una serie de escenarios sin definir una línea concreta de acciones a seguir, acorde con la normativa vigente y el programa de trabajo respectivo, siendo su responsabilidad y competencia exclusiva.
La CGR determinó que la disposición en referencia ha sido incumplida, por lo que se procederá a realizar la valoración jurídica de dicho incumplimiento y le reiteró la responsabilidad al Cosevi de realizar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de ITV (Inspección Técnica Vehicular) en estricta observancia al ordenamiento jurídico”, señaló Marcela Aragón, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de Ciudades.
PROPUESTA INVIABLE
El Cosevi propuso inicialmente prorrogar el contrato hasta por tres años mientras se aclara el panorama.
Una de las incógnitas que tiene Cosevi corresponde a la aplicación del artículo 25 de la Ley de Tránsito, con respecto a la apertura del servicio por medio de permisos, donde se consideraron otras posibilidades en la Ley General de Contratación.
El contrato del Estado con Riteve SyC se firmó el 15 de julio de 2002 y tiene una vigencia por 20 años, es decir su plazo vence de hoy en cuatro meses.
La funcionaria enfatizó que el MOPT tuvo tiempo suficiente para actuar y no acepta la excusa sobre el recurso ante la Sala Constitucional en relación con el artículo 25.
“El vencimiento indefectible del contrato vigente el 15 de julio de 2022, después de 20 años de vigencia, temporalidad que permitía una planificación adecuada para la transición y el aseguramiento de la continuidad del servicio de Inspección Técnica Vehicular.
No es de recibo considerar que la acción de inconstitucionalidad que impugna el artículo 25 de la Ley de Tránsito y que se encuentra en trámite ante la Sala Constitucional, induce a una imprevisibilidad por parte de la administración, en tanto que la citada norma no ha sido suspendida en su aplicación ordinaria por dicho Tribunal Constitucional”, indicó Aragón.
La entidad recalcó que la estrategia planteada por la administración es incongruente con la realidad jurídica y contractual existente.
SIN RESPUESTA
DIARIO EXTRA trató de obtener una respuesta de Eduardo Brenes, viceministro de Transportes, sobre el informe de la Contraloría General de la República, no obstante, al cierre de edición no atendió las llamadas.