El diputado Rodrigo Arias, con el aval del Poder Judicial, presentó un proyecto de ley que busca reformar el régimen disciplinario de la Corte para prevenir la infiltración del crimen organizado en la institución.
La propuesta, identificada como expediente 24.860, establece la creación del Tribunal Administrativo Sancionador del Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer los procesos de investigación y sanción contra empleados públicos que incurran en faltas graves.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que la proposición ya se encuentra en la Asamblea Legislativa.
“Buscamos agilizar los procesos disciplinarios y dotar de mejores herramientas a la administración encargada de estas investigaciones”, explicó Aguirre.
La reforma amplía el alcance de dicho régimen aplicándolo a todos los funcionarios judiciales, sin importar si tienen nombramiento en propiedad, interino o si forman parte de listas de suplentes y elegibles. También se incluirán mecanismos alternativos de resolución de conflictos y parámetros claros sobre el debido proceso.
Mayor control
Según la iniciativa, el Tribunal Administrativo Sancionador estará conformado por tres jueces o juezas y atenderá casos relacionados con corrupción, acoso laboral y sexual, así como cualquier falta que pueda ser considerada grave.
También resolverá solicitudes de desestimación cuando las denuncias involucren actos corruptos y atenderá recusaciones de sus integrantes.
Aguirre enfatizó que el actual sistema disciplinario presentaba limitaciones para investigar posibles infiltraciones del crimen organizado en dicha institución.
“Necesitamos dotar de más capacidad de indagación a las instancias encargadas de estas investigaciones. Es un tema prioritario para fortalecer la administración de justicia”, subrayó el magistrado.
Además, la iniciativa estipula que cualquier colaborador despedido por faltas graves no podrá reingresar a la institución durante un período de 10 años y deberá someterse nuevamente a los procesos de selección.
Prioridad a proyectos de seguridad
La reforma expuesta fue uno de los temas discutidos en la reunión entre los Poderes Judicial y Legislativo, donde se acordó priorizar la aprobación de dos iniciativas clave en materia de seguridad.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que se enfocarán en los cambios a la ejecución de la pena y una propuesta para combatir el lavado de dinero y la narcoeconomía.
“Hemos visto reiteradamente que una persona es condenada y luego queda en libertad sin cumplir la sentencia.
Eso no puede continuar así”, externó Zúñiga.
Sobre el tema financiero, agregó: “El lavado de dinero sigue en aumento en el país, lo que alimenta la criminalidad y fortalece el comercio ilegal. Urge frenar esta práctica”.
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, destacó los avances en la coordinación interinstitucional y acotó que la meta es aprobar ambas iniciativas antes del 1° de mayo, cuando inicia el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso.
Diario Extra consultó a la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) sobre su posición ante la reforma del régimen disciplinario, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
