La semana pasada la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado de la Sala Constitucional Fernanda Cruz como su nuevo presidente. A pesar de ser una figura más conocida por su estilo confrontativo y en ocasiones hasta controversial, su nombramiento demuestra, al menos, una intención de parte de los magistrados de realizar un cambio radical en las fuerzas de poder dentro de la cúpula del Poder Judicial.
La designación de un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia fue necesaria debido a la precitada y conveniente decisión del anterior presidente, Carlos Chinchilla, de acogerse a su millonaria pensión a sus 55 años justo en el momento en que cuestionamientos y escándalos surgen en su contra. Celso Gamboa fue recientemente destituido de su puesto, y la magistrada Doris Arias, tras ser sancionada con una suspensión de dos meses, también anunció recientemente su intención de acogerse a su pensión a partir de noviembre.
El Poder Judicial está en crisis. Aunque esto se ha venido haciendo evidente desde hace unos meses, en este momento ya no hay duda al respecto. Es altamente preocupante ver cómo intereses políticos y privados han sabido infiltrarse en lo más alto de las cortes y han hecho que la ciudadanía pierda la confianza y el respeto en una de las instituciones más importantes de nuestro país.
Un Poder Judicial fuerte e independiente es vital para que una democracia pueda prosperar. Éste tiene la labor de actuar como el último árbitro en los conflictos públicos y particulares, y asegurarle a la ciudadanía que existen mecanismos efectivos para controlar y responsabilizar a las personas que dirigen el país. Sin esa garantía de vigilancia, los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes y en que las leyes que los gobiernan sean aplicadas a todos por igual.
Es por esto que es de vital importancia para el efectivo y pacífico funcionamiento del gobierno, que los ciudadanos recuperemos nuestra confianza en el Poder Judicial y el respeto hacia las personas que lo dirigen. Sus nombramientos deben realizarse sin injerencia de intereses políticos y económicos, y deben basarse en la idoneidad profesional y moral de las personas llamadas a ejercer los cargos de magistrados y magistradas.
La Asamblea Legislativa tiene actualmente la oportunidad de generar un cambio en el Poder Judicial y en su dirección, mediante los nombramientos que tiene pendiente de realizar. Debemos exigirles a los diputados que nos rindan cuentas de sus decisiones al elegir a los próximos jueces supremos del país. Por otro lado, los magistrados y magistradas que actualmente ejercen el cargo tienen la responsabilidad de generar un cambio de percepción de la ciudadanía hacia su labor a través de decisiones transparentes y coherentes.
Quizás el nombramiento de Fernando Cruz sea un primer paso en esa dirección. A pesar de sus fuertes opiniones y lo que algunos han llamado su intransigencia, al menos podemos confiar en que la presidencia de la Corte Suprema se ejercerá con transparencia. Si su carácter es compatible con el puesto de presidente a largo plazo, solo el tiempo lo dirá, pero esperemos, por el bien de todos, que logre durar más en el cargo que su antecesor.