Cámara de Bancos interpone acción de inconstitucionalidad a Ley contra estafas

La Sala Constitucional admitió una acción de inconstitucionalidad, interpuesta por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBF), contra la Ley 10.889 “de Protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero”.

Entre los principales puntos, se cuestiona que:

• El texto aprobado no fue sometido a debida consulta, pese a haber sido modificado sustancialmente durante su trámite.
• Se incorporaron temas que exceden el objeto original del proyecto, lo que podría violar el principio de conexidad legislativa.
• Existen dudas sobre la validez de su aprobación en comisión legislativa, por su posible impacto en el derecho fundamental a la autodeterminación informativa.
• El proceso de aprobación se caracterizó por una limitación del debate parlamentario, especialmente en etapas finales.
• El texto final aprobado introduce competencias ajenas para autoridades administrativas como Sugef, ya que la ley le confiere competencias cuasi-judiciales, sin haber sido adecuadamente consultada la Corte Suprema de Justicia.

“La Cámara no cuestiona el objetivo de la ley. Lo que se somete al análisis de la Sala Constitucional es la forma en que fue aprobada, pues existen elementos que podrían constituir vicios sustanciales en el procedimiento legislativo y que deben ser valorados por el Tribunal”, explicó Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos.

Según la CBF, la ley establece un nuevo régimen de responsabilidad para las entidades financieras, ya que se revierte la carga de la prueba. El cambio significa que si un costarricense sufre un fraude electrónico, ya no debe probar la negligencia del banco; sino que la entidad financiera debe demostrar que sus sistemas son seguros y que actuaron correctamente.

“Estos cambios impactan directamente a las instituciones financieras, aunque el reclamo se centra en la legalidad del proceso legislativo”, agregó Ortiz.

La Cámara solicitó a la Sala que se declare la inconstitucionalidad total de la ley y que se valore suspender los efectos de la normativa mientras se estudia la acción.