La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) considera que el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre competitividad tiene sesgos en lo referente al capítulo del arroz.
Leiner Vargas, economista que colabora con los arroceros, asegura que son muchos los mitos y es erróneo decir que los hogares más pobres se han visto más afectados por la regulación del precio.
“Se dice que la regulación de precios afecta a los consumidores, pero es todo lo contrario”, declaró.
Explicó que “un precio a la baja es un objetivo de la regulación, siempre que este precio a la baja no involucre la quiebra de los productores o de los industriales”.
Adujo que esta regulación busca precios justos porque en un mercado mundial de excedentes, como es el del arroz, hay momentos en que los precios pueden bajar o subir, de acuerdo con la disponibilidad y la demanda.
“Es decir, si el mercado mundial tiene el precio bajo, los importadores podrían comprar y quebrar a los productores locales. Cuando el precio sube, como ocurre en tiempos de pandemia, afectaría al consumidor local. Eso no puede permitirse”, agregó.
A su criterio si no existiera un precio de referencia, los agroindustriales podrían ejercer su poder de compra en el mercado y llevar a los productores a la quiebra.
“En el caso particular del arroz se trata de tener un precio de referencia que permita compensar los costos a los agricultores, sean estos medianos, grandes o pequeños”, destacó.
De acuerdo con Conarroz, mantener la regulación del precio permitió proteger a la producción nacional y los consumidores en tiempos de pandemia
Tras meses de discusiones y negociaciones con el sector arrocero costarricense, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) llegó a la conclusión, en agosto, de mantener el modelo de regulación al menos por un tiempo más.
De esta forma creen que el país se garantiza continuar con un adecuado abastecimiento del grano y un precio justo para los consumidores, a pesar de la volatilidad de los mercados internacionales y los efectos de fenómenos como la pandemia sobre los precios de los productos agrícolas a nivel mundial y su cuestionada disponibilidad en los suministros.
Las partes acordaron que no se eliminará el arancel del 35% para el arroz importado en granza y el arroz pilado que no sea por desabasto o contingencia.
También se comprometieron en una ruta de trabajo para el fortalecimiento y protección del sector, con el fin de establecer los elementos necesarios para enfrentar la desgravación arancelaria Cafta (TLC con Estados Unidos y Centroamérica) del precio, que ocurrirá en 2024.