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Un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Heredia permitió desarticular una red criminal especializada en estafas de vehículos.
Este grupo se dedicaba al robo internacional y alteración de automóviles mediante el método conocido como “gemeleo”, logrando capturar a cuatro sospechosos claves.
“Un golpe certero al crimen organizado transfronterizo”, así calificaron las autoridades judiciales esta acción que detuvo el trasiego de autos robados desde Panamá.
En apariencia, los vehículos eran introducidos a Costa Rica evadiendo controles para luego ser sometidos a un proceso de transformación física y legal.
Esta red criminal aprovechaba los puntos ciegos en las fronteras para alimentar un mercado negro de vehículos que generaba ganancias millonarias ilícitas.
La modalidad del “gemeleo” consiste en alterar los números de chasis y motor de un auto robado para que coincidan con los de un vehículo legal existente.
Mediante esta técnica, los delincuentes logran que un vehículo con reporte de robo parezca una unidad legítima ante los ojos de las autoridades y posibles compradores.
Este engaño visual es complementado con la falsificación de placas y otros distintivos que hacen casi imposible detectar el fraude a simple vista.
Para formalizar estas estafas, el grupo utilizaba documentación falsa, incluyendo poderes especiales ilegítimos que les permitían inscribir los bienes ante el Registro Nacional.
Esta manipulación de documentos oficiales les otorgaba una fachada de legalidad necesaria para vender los autos a precios de mercado a ciudadanos que no sospechaban nada.
El uso de falsedad ideológica en formularios públicos era la herramienta clave para que los vehículos robados entraran legalmente al sistema registral.
“Esta investigación se inició a raíz de siete denuncias en las cuales se determinó que este grupo criminal integrado por cuatro personas (hoy detenidos) se dedicaba a traer vehículos sustraídos en Panamá, los metían a territorio nacional, les cambiaban las características y los publicaban en redes sociales”, dijo Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.
El presunto cabecilla de la organización es un hombre de apellido Vásquez, de 50 años, quien operaba junto a Herrera, Picado y una mujer de apellido Mata.
Los detenidos enfrentan ahora acusaciones formales por delitos de estafa, falsedad ideológica, receptación de vehículos robados y la falsificación sistemática de señas y marcas identificativas.
La policía judicial logró rastrear sus actividades tras recibir reportes sobre movimientos sospechosos de vehículos que cruzaban la frontera de forma totalmente irregular.
Las investigaciones preliminares estiman que las pérdidas económicas totales para las víctimas directas e indirectas de esta organización rondan los ¢100 millones.
“Se logró el decomiso de celulares, documentos y dos de los vehículos que en su momento fueron sustraídos”, agregó Muñoz.
Los autos recuperados durante el allanamiento son piezas fundamentales para demostrar el modo de operación y servirán como prueba pericial en el proceso judicial. Por otra parte, los teléfonos incautados serán analizados para extraer comunicaciones que podrían revelar la identidad de otros colaboradores o clientes frecuentes de la red.
Las autoridades judiciales recomiendan a la población verificar siempre los antecedentes registrales y físicos de cualquier vehículo usado antes de realizar pagos o firmar traspasos.
