
A dos policías de la Fuerza Pública de Garabito los detuvieron la mañana de este martes por ser sospechosos de cobrar una mordida a cuatro trabajadores nicaragüenses.
“Son dos oficiales de apellidos Badilla García y Jiménez Solano. Dichos funcionarios se encontraban laborando y a las 5:30 a.m. fueron abordados por agentes judiciales y se dio su detención”, indicó Juney Valverde, jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Garabito.
Los hechos con que se les relacionan se produjeron el 20 de febrero anterior, cuando un grupo de personas se encontraba en la playa desayunando y los uniformados los abordaron.
Se trataba de una cuadrilla de empleados que venían de Pérez Zeledón y se detuvieron en el mirador, entre el grupo viajaban cuatro pinoleros al mando de un jefe, a quien los oficiales le indicaron que lo podrían detener por trata de personas, entre otras cuestiones.
“En ese momento comienzan a indicarles que estaban cometiendo un delito, que serían detenidos y el vehículo se les decomisaría, pero nada de esto sucedería si llegaban a un acuerdo económico”, agregó.
NEGOCIACIÓN
Tras cerca de una hora de conversar con los policías, las personas les terminaron pagando ¢500 mil para que los dejaran en paz, pero luego se fueron a interponer la denuncia.
Así arrancó la investigación que permite identificar a los dos sospechosos de 30 y 40 años del delito de concusión.
Tras lograr su captura a los funcionarios de inmediato los trasladaron y pusieron a la orden del Ministerio Público para el respectivo proceso legal.
Tras la indagatoria las autoridades solicitaron la audiencia preliminar para solicitar medidas cautelares que la Fiscalía considera oportunas y al cierre de edición se estaba a la espera de que se programara.
De acuerdo con el Código Penal, esa conducta la comete quien obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial, abusando de sus funciones. Establece un castigo de entre 2 y 8 años de prisión.
Sobre este caso el subdirector general de la Fuerza Pública, Enrique Arguedas, manifestó que lamentan esas conductas y se deben erradicarlas.
“La gran mayoría de detenciones de oficiales de Fuerza Pública antecede una denuncia que nosotros hemos formalizado ante la autoridad judicial y esta no ha sido una excepción, donde se conocía lo que va a suceder”, comentó.
Agregó que bajo ninguna circunstancia van a tolerar actos de corrupción por parte de ninguno de los funcionarios del ministerio.
Finalmente pide a la ciudadanía que si alguien ha sido víctima de una situación similar, lo denuncie para investigar y hacer pagar a los responsables.