Cada 5 días autoridades desmantelan una toma ilegal
Se evidenciaron datos sobre las acciones detrás del robo de combustible
Durante los primeros 5 meses del 2025, autoridades costarricenses desmantelaron 32 tomas ilegales de combustible, un promedio de 1 cada 5 días aproximadamente.
Esto se da como resultado de las acciones conjuntas entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Las operaciones permitieron además la aprehensión de 26 personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con la sustracción de hidrocarburos, mientras que otras 9 fueron detenidas en intervenciones adicionales.
En total, 35 personas han sido detenidas por su presunta vinculación con este delito, que según las autoridades está directamente ligado al crimen organizado.
“Estamos viendo réditos claros de una estrategia integral basada en tecnología, capacitación especializada y articulación institucional. Sin embargo, el problema sigue vigente y no podemos bajar la guardia”, manifestó la presidenta de Recope, Karla Montero.
El impacto de las acciones se refleja también en el decomiso de 93.660 litros de combustible robado, que habrían terminado en redes delictivas con operaciones en distintos puntos del país.
Esta ofensiva conjunta también logró una reducción en el perjuicio económico causado por estas actividades: pasó de ₡1.134 millones en 2023 a ₡666 millones en lo que va del 2025.
“Hoy los cuerpos policiales tienen un mejor entendimiento del fenómeno; saben cuáles son los puntos críticos, cómo se mueven los grupos criminales y dónde intervenir”, destacó el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sobre el progreso en inteligencia operativa.
Las autoridades advierten que el robo de hidrocarburos no solo afecta las finanzas del país, sino que representa una amenaza seria para la seguridad ciudadana y el ambiente, al realizarse conexiones ilegales cercanas a comunidades o zonas de alto tránsito, elevando el riesgo de explosiones o fugas.
La institución ha invertido en herramientas de monitoreo, capacitación policial y promueve reformas legales que permitan sanciones más severas.