C.R. se convierte en sede de crimen transnacional

Estado de la Nación sugiere soluciones para frenar ola delincuencial

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• Influencia de cárteles mexicanos incide en bandas locales

Costa Rica se convirtió en una sucursal de estructuras criminales internacionales, dichas organizaciones están aliándose a narcofamilias y bandas locales para ocupar la mayor cantidad de territorios a nivel nacional. Así lo señala el Programa Estado de la Nación (PEN) en su trigésimo informe.

De acuerdo con el documento, Costa Rica ya no solo es un país de tránsito de drogas, sino que presenta una “existencia de un ecosistema de redes criminales que se benefician de las fragilidades institucionales”, además, de la “porosidad de las fronteras” para realizar prácticas ilícitas y de narcotráfico.

Asimismo, existen “convergencias entre el crimen organizado internacional y las dinámicas locales” para el trasiego de drogas. 

En el contexto de estas condiciones coyunturales nacionales, Costa Rica se encuentra inmersa en dinámicas de delincuencia organizada vinculadas al comercio de drogas ilícitas, influidas a su vez por las dinámicas del crimen organizado a nivel transnacional. 

Estos factores actúan como facilitadores de los homicidios dolosos y presentan dinámicas cambiantes que han incidido en su aumento en años recientes. 

“GEOPOLÍTICA DEL NARCOTRÁFICO”

El PEN asegura que el país está inmerso en una “geopolítica del narcotráfico”.

Incluso, se precisa que se observa un mayor nivel de organización y un control territorial en expansión en las bandas locales (“minicárteles criollos”). 

Dichas estructuras están usando violencia sistemática, acciones planificadas y estratégicas, mayor acceso a armas sofisticadas y luchas de poder internas 

“El tráfico de cocaína es omnipresente en Costa Rica, ya que sigue siendo un importante país de tránsito de cocaína. La situación estratégica de Costa Rica y su vasto territorio marítimo lo convierten en un atractivo centro logístico y de tránsito para el tráfico ilícito de drogas. El control del trasiego de la cocaína por los puertos y del mercado local de marihuana son dos de los factores responsables de los picos de homicidios en el país”, indica el informe. 

HECHOS EXTERNOS QUE IMPACTAN A LO INTERNO

En esa “geopolítica”, se presentó una serie de acontecimientos que pudieron haber repuntado en la ola criminal. 

En 2022, se produjo un desplome en el precio internacional de la cocaína para la exportación, generando una sobreproducción y aumento en los cultivos.

Para Costa Rica, generó que hubiese “más producto” a un “precio cómodo”, lo cual hizo que las bandas quisieran “consolidar mercados” e incluso querer “reexportar”. 

“Si bien los grupos siguen siendo predominantemente de carácter nacional, ha habido un incremento en la cantidad (de bandas), también se ha observado la incursión de grupos internacionales que venían con aprendizajes de los cárteles mexicanos, caracterizados por la crueldad y perversidad en los actos. Mientras la influencia de los cárteles colombianos permitía la coexistencia entre grupos locales, la influencia mexicana no deja margen para dicha convivencia. 

La lucha por el control de esos mercados se intensifica, lo que, junto a la transnacionalización de los grupos criminales, quienes adquieren conocimientos y adoptan prácticas más violentas, ha desatado un incremento, tanto en la criminalidad como en la violencia homicida”, refiere el documento. 

POLÍTICAS SE QUEDAN CORTAS

El Estado de la Nación refiere que “el país ha perdido capacidad” en cuanto a la implementación de políticas de seguridad, debido a las limitaciones y desafíos 

Incluso, un análisis realizado por la Contraloría General de la República determinó que las acciones del Ministerio de Seguridad Pública “no han sido eficaces”.

“(…). Aunque el Estado puede contar con políticas o programas adecuados, su efectividad depende en gran medida de la capacidad institucional de las entidades involucradas. Desde diciembre de 2018, la mayoría de las instituciones encargadas de seguridad han experimentado estancamientos o descensos con respecto a la cantidad de personal, lo que contrasta con el creciente deterioro de la seguridad en el país”, se lee. 

El análisis de la situación del Ministerio de Seguridad revela que, a pesar del crecimiento en los presupuestos y la aprobación de más plazas, existen limitaciones en la capacidad de gestión de recursos.

RESPUESTAS

Más allá de realizar un diagnóstico, el PEN plantea una serie de soluciones para el tema criminal. 

Los investigadores proponen la revisión de competencias policiales, descentralización de recursos, uso de tecnologías, disponibilidad de patrullas, equipamiento adecuado y la necesidad de recursos financieros. 

“La transnacionalización del crimen requiere que las fuerzas policiales cuenten con la capacidad de comprender el fenómeno desde un escenario geopolítico y que, en materia tecnológica, estén capacitados y tengan disponibilidad y dominio de herramientas para monitorear los territorios, así como la conformación y evolución de los grupos criminales, ya que el crimen organizado se caracteriza por una creciente modernización de las armas y modelos de operar”, menciona el informe. 

REFORMA DE LA
INSTITUCIONALIDAD

En simultáneo, el Estado de la Nación plantea cambios estructurales a nivel institucional para fortalecer la respuesta en materia de seguridad. 

Una de las propuestas es mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, ya que es “lento e ineficiente”.

“Las modificaciones son indispensables en las diversas fases del sistema penal, desde los canales de denuncia e investigación hasta el juicio y la ejecución de la pena”, indica.

Todo eso debe ir de la mano con un sistema que cuente con equipos de investigación especializados sobre los escenarios internacionales del crimen organizado, ampliar la capacidad de investigación judicial, diseñar una política de persecución penal basada en “lecturas estratégicas” y trabajo conjunto de varias fiscalías especializadas cuando se trata de crímenes complejos. 

“Se requieren reformas legales y una mejor capacidad policial y de investigación en la PCD (Policía de Control de Drogas) y en el Ministerio Público para localizar, incautar y administrar los bienes y capitales recuperados de actividades ilícitas”, añade el documento.

INFORMACIÓN 

Un asunto prioritario en materia de seguridad es la transferencia de información entre instituciones para que se realimenten entre ellas con sus bases de datos disponibles y así mejorar sus capacidades de inteligencia. 

ASISTENCIALISMO

Finalmente, el PEN plantea que, más allá de imponer “mano dura”, o la militarización de ciertas zonas, la solución a largo plazo debe sustentarse en la “generación de oportunidades” para quienes habitan en los territorios

Así, sugieren: “prevención social primaria”, entendido como atención de pobreza y exclusión social; aumento en becas, impulso del deporte y programas para evitar el consumo de drogas. 

La mayoría de esas propuestas no consideran la situación fiscal y otro tipo de alternativas en materia económica para atender el crimen organizado. 

Otras opciones son: la creación de un sistema unificado de control de armas y explosivos y políticas de empleabilidad focalizadas en cantones de Puntarenas y Limón.

“Es urgente priorizar el trabajo interinstitucional en los territorios con las tasas de homicidios más altas, tanto los que históricamente mantienen esta problemática como también aquellos que más recientemente llegaron a esta situación. Esta focalización se debe hacer al mismo tiempo que un monitoreo del comportamiento de los indicadores trazadores de la violencia social, ya no solo en lugares muy peligrosos, sino también en aquellos que pueden presentar indicios de vulnerabilidad o empeoramiento”, explica.

Caso similar en materia penitenciaria, en la que se recomienda reformar el modelo carcelario. 

“La función de resocialización de los centros penitenciarios debe fortalecerse, mediante la educación y preparación. Las medidas para promover la educación formal y vocacional y la formación para el trabajo en las cárceles deben contar con un modelo que sea sostenible, evaluable y con alianzas con actores estratégicos”, concluye. 

Esta ha sido la cantidad de organizaciones criminales desarticuladas en el país desde 2010 y hasta el año pasado.