Costa Rica podría estar a las puertas de una nueva crisis fiscal en dos o tres años si la Asamblea Legislativa continúa el camino de sacar más instituciones de la regla fiscal.
Así lo advirtió Nogui Acosta, ministro de Hacienda, en la reciente presentación del Informe de la Situación Macroeconómica del país y perspectivas fiscales para 2025.
Señaló que para 2024 el país tuvo pérdidas de ¢80.000 millones con la rebaja del impuesto a la propiedad de los vehículos, así como de ¢9.000 millones con el proyecto que estableció que las rentas extraterritoriales no podían ser integradas en la base imponible.
No obstante, el principal problema, desde la perspectiva de Hacienda, es que existen 10 propuestas que pretenden flexibilizar la Ley de Empleo Público a distintas instituciones, lo cual tendría un impacto considerable en las finanzas del Estado.
Actualmente 13 proyectos buscan modificar la regla fiscal y 37 crean exoneraciones o reducen impuestos.
“Se siguen aprobando leyes en esta Asamblea Legislativa que van a reducir la carga tributaria. La pregunta es: ¿de dónde vamos a financiar esos gastos? Cuando buscamos reducir la relación deuda-PIB lo hicimos para que este país tenga un poco más de espacio.
El Ministerio de Hacienda no tiene la responsabilidad y el monopolio de esa responsabilidad fiscal.
Las decisiones que toma la Asamblea tienen serias implicaciones desde las finanzas públicas.
Si seguimos en esta ruta probablemente, el resultado va a ser lo que hemos venido tratando de resolver y es una crisis fiscal a la vuelta de dos o tres años.
Es una contradicción exigir mayor gasto social al mismo tiempo que se reducen los ingresos del Estado”, declaró ante el Congreso.
A dicha tesis se suma Marta Esquivel, titular del Ministerio de Planificación y Política Económica, quien dijo que, a pesar de las mejoras en las finanzas estatales, el Poder Ejecutivo mantiene compromisos “muy rigurosos” con el Fondo Monetario Internacional y si la Asamblea Legislativa avanza con las propuestas, el presupuesto anual del Gobierno debería incrementarse en cerca de ¢162.000 millones; es decir, un 1,31% más, lo que equivale al 0,31% del producto interno bruto (PIB).
