Asegura Micitt
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) estima que el país perderá cerca de $447 millones anuales (aproximadamente ¢240.000 millones) por el retraso del despliegue de la red 5G.
Según el informe presentado por la cartera, la quinta generación permitiría captar $3.925 millones para su producto interno bruto (PIB) en 2035, monto que se reduciría año a año mientras no exista la tecnología en el país.
Estas cifras se lograrían gracias a una red que traería mayor velocidad de conexión y conectividad, así como menor latencia, habilitando un entorno propicio para la innovación y el desarrollo de nuevos negocios.
“Sin infraestructura y sin espectro no hay 5G (…). Perdemos competitividad si no tenemos esa red y esa inversión se va para otros países”, externó Francisco Troyo, director de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones del Micitt.
Los sectores con mayor potencial de beneficio incluyen el comercio en general, la administración de los servicios públicos, como la educación y la salud, al igual que los financieros, inmobiliarios y profesionales.
“El despliegue de redes 5G no es solo una oportunidad tecnológica, es una apuesta estratégica para el futuro de Costa Rica.
Su implementación eficiente y oportuna marcará la diferencia entre liderar la transformación digital en la región o quedar rezagados ante la competencia global”, agregó Paula Bogantes, ministra de la entidad.
Crítica al decreto
Por su parte, la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó un informe donde cuestiona a nivel técnico el decreto de Micitt que prohibió a las empresas originarias de países no firmantes del Convenio de Budapest participar en el proceso licitatorio para el desarrollo de infraestructura.
De acuerdo con el análisis hecho por el Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), dicho acuerdo no constituye un criterio técnico para el desarrollo tecnológico, pues se trata de un instrumento internacional creado para tipificar delitos informáticos, facilitar su investigación y orientar a las naciones en la regulación de los ciberdelitos.
“Esto ha llevado a discusiones sobre la necesidad de asegurar la neutralidad tecnológica en el desarrollo de 5G con el fin de evitar la discriminación, garantizar la imparcialidad en la selección de productos/servicios y las condiciones que permitan la libre competencia”, manifestó Valeria Castro, investigadora del Prosic.
