La joven embarazada de 17 años y nacionalidad nicaragüense que ingresó a Costa Rica de manera irregular no será expulsada del país, así lo aseguraron las autoridades de Migración y Extranjería, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La llegada ilegal de la menor de edad se registró el sábado anterior por Upala, al momento de la detención no estaba acompañada por ninguna persona mayor de edad y al parecer presentaba síntomas del Covid-19.
Las autoridades nacionales se basan en el artículo 65 de la Ley General de Migración y Extranjería para no proceder con la expulsión de la muchacha, pese a ingresar burlando los puestos fronterizos y trámites migratorios.
“(…) En ningún supuesto podrán rechazarse personas menores de edad no acompañadas ni a las personas de las que no exista certeza de su mayoría de edad. Las autoridades migratorias encargadas de realizar el control del ingreso al país deberán informar, de manera inmediata al PANI, sobre la situación de estas personas menores de edad. El PANI, en el acto, deberá asumir la representación temporal y el traslado a un albergue de estas personas hasta que se realicen las investigaciones correspondientes (…).
Trascendió que al momento de la detención la menor, además de su estado de gestación, presentaba fiebre alta, congestión nasal, dificultad para respirar y tos, motivo por el cual debió ser atendida por la Cruz Roja con protocolos de seguridad contra el nuevo coronavirus.
Posterior a la atención se la trasladó al Hospital de Upala para luego remitirla al centro médico de Liberia.
DIARIO EXTRA consultó a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, sobre el resultado de la prueba y dijo que no se daría mayores detalles.
“Se trata de una paciente menor de edad embarazada que llegó con síntomas, se le aplicó la prueba y dio negativo”, aseguró.
En Migración y Extranjería informaron que al momento de detectar que la menor se encontraba sola procedieron con el abordaje respectivo para que no se vulnere más su condición de represión como el rechazo y contactaron al PANI para que se le preste mayor atención, tomando en cuenta su condición de gestante.
Datos brindados por el gobierno al viernes anterior revelan que un total de 5.357 extranjeros han sido rechazados en la frontera con Nicaragua y se interceptaron 60 vehículos que transportaban personas de manera irregular.
Sumado a ello, Migración iniciará el proceso para cancelar el estatus migratorio a 1.350 personas residentes o con permisos de trabajo, a quienes se les impidió el reingreso al país.