Unión Europea mantiene al país en grupo no cooperante
La falta de implementación de un sistema de intercambio automático (AEOI) para compartir la información tributaria entre Costa Rica y los miembros de la Unión Europea (UE) fue la razón por la cual este ente multinacional decidió mantener al país en una lista gris.
Cuando se encontraba en la lista negra de dicha organización, Costa Rica se vio obligada a modificar dos legislaciones. La primera de ellas consistía en un cambio en la Ley del Impuesto de la Renta.
Dicho proyecto fue aprobado en Asamblea Legislativa, pero el Gobierno decidió vetarlo. A pesar de la negativa gubernamental, el Congreso decidió sancionarlo, por lo cual se convirtió en Ley de la República.
El problema se presentó con la segunda iniciativa. Esta requería que el país construyera un sistema encriptado de intercambio automático de información mediante el cual se compartieran datos de los obligados tributarios de interés para los europeos.
Luego de aprobarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo estaba en la obligación de implementarla. Esto tenía que ocurrir desde el año pasado, sin embargo, luego de la revisión de los europeos, el país no ha logrado desarrollar el sistema. Esa fue la razón por la cual continúa en la lista gris.
SIN CONSECUENCIAS DIRECTAS
El abogado especialista en términos tributarios José Antonio Saborío comentó que estar en una lista gris no tiene consecuencias ni castigos, porque eso solo aplica para aquellos que están en lista negra.
“Lo que puede pasar cuando se está en lista negra es que, por ejemplo, un Estado de la Unión Europea pueda decirle a una empresa domiciliada en su país, pero que invierte en una nación con esos problemas, que no puede reportar esos gastos para pagar menos impuestos en la UE”, aseguró el especialista.
Eso sí, el abogado subraya que lo que están diciendo los europeos puede interpretarse como un ultimátum para que Costa Rica cumpla lo establecido en la próxima revisión, si no, eso sí podría traer consecuencias.
Esto significa que no se descarta la posibilidad de que el país en un futuro pueda volver a caer en lista negra.
CRITICAN ACCIONAR DEL GOBIERNO
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Eliécer Feinzaig reclamó al Poder Ejecutivo por no haber realizado la implementación necesaria, a pesar de que el Parlamento le aprobó la ley correspondiente.
Feinzaig reclamó que “mientras el Gobierno se concentra en enviar tres veces un proyecto de ley como la Ley Jaguar, que ya en dos ocasiones fue declarada inconstitucional, pasaba el tiempo para poder realizar la implementación de esta normativa”.
Por otra parte, la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén calificó la situación como un papelón de talla internacional, pues considera que eso podría afectar temas económicos como tipo de cambio y tasas de interés, debido a la pérdida de reputación internacional.
