La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa es una de las que más ha estado en el ojo público.
Para 2024 la Presidencia de este órgano estará en manos del diputado liberacionista Gilbert Jiménez, quien asegura que buscará agilizar los proyectos de seguridad impulsados desde Casa Presidencial y consensuados por el Poder Judicial.
Sin embargo, Jiménez afirma que va más allá y considera que el país debe tener medidas extraordinarias como la creación de cárceles diferenciadas para personas jóvenes, con el fin de que puedan reinsertarse a la sociedad y no ser “carne de cañón” en los centros penitenciarios.
Este es un extracto de la entrevista que brindó el liberacionista a DIARIO EXTRA.
¿Cómo vislumbra este tercer año en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico?
– Estamos muy ilusionados, queremos trabajar fuertemente por el país y sacar la lista de proyectos de seguridad. Esta semana tuvimos la primera sesión ya en ejercicio y demostramos un cambio importante porque logramos sacar 22 mociones que estaban en un proyecto, sacamos las revisiones y firmamos el informe respectivo para mandarlo al Plenario. Ese proyecto, del que les hablo, ya puede entrar a discusión y se trata del 23.690 que permite las intervenciones telefónicas en los delitos de homicidio simple y femicidio. Sabemos que puede haber mociones de reiteración y hablaremos con la compañera Priscilla (Vindas) del Frente Amplio porque ella quiere (incluir) una mayor cantidad de delitos.
El Gobierno ha sido bastante crítico con esta Comisión al decir que no está avanzando lo suficiente con los proyectos y que, además, los traban.
– (Habla serio). ¡Eso no es cierto! Hay que tener claridad de varias cosas y lo digo porque yo he estado en los dos periodos anteriores en la Comisión de Seguridad. En el primer periodo de extraordinarias, el Gobierno no convocó ningún proyecto relacionado con seguridad y, en el segundo, prácticamente fue igual. Ellos mismos deben ser conscientes de que no han cumplido, que han hecho una crítica sin fundamento. ¡No convocaron y es la realidad! Ahorita tenemos seis proyectos, cuatro están a nivel de Plenario y los dos que están bastante trabajados en Comisión son el de sicariato y el otro relacionado con el ingreso de aparatos tecnológicos al sistema carcelario. Sobre esos dos proyectos, se aprobaron mociones para llamar a audiencia al ministro de Seguridad Pública, al director del OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y al ministro de Justicia y Paz.
¿Cómo piensa articular con el Poder Ejecutivo estos proyectos de seguridad?
– Creo que ahora se da una mayor apertura (con Casa Presidencial). Incluso, cuando fui electo presidente (de la Comisión), hablé con el presidente y la señora ministra Natalia Díaz. Le solicité la incorporación de otros proyectos de seguridad y me dijo que lo estaría analizando. Creo que puede haber mayor concertación y consensos. Modestia aparte, puede haber mayor agilidad y se vio en una sesión: logramos avanzar en un proyecto urgente para el país y, aclaro, no es porque está Gilbert Jiménez en la Presidencia, sino gracias a la voluntad y colaboración en equipo. Yo jamás podría hacer nada si no es con mis compañeros. Todos estamos conscientes que necesitamos cambiar la legislación.
Durante las últimas semanas la Comisión estuvo en medio de señalamientos por la presencia de doña Gloria Navas, al final, ella será parte. Sin embargo, hay figuras de peso como Pilar Cisneros, Dinorah Barquero, Fabricio Alvarado, entre otras, ¿cómo hará usted para que la Comisión no sea un espacio de egos, peleas internas y más bien se pueda trabajar en favor del país?
– Todos somos conscientes de que necesitamos sacar las leyes en el menor plazo posible. ¡Aquí no deben pesar los egos o pleitos personales! Yo voy a procurar para que eso no pase en la Comisión. Lo que quiero es trabajar por los proyectos. Se han hecho esfuerzos o se ha querido dar la imagen de que la Comisión no quiere avanzar en los proyectos, pero eso no es así. Estoy seguro que doña Gloria, doña Dinorah y ahora doña Pilar quieren sacar los proyectos y no creo que vayan a obstruirlos por pleitos. Hay conciencia de avanzar rápidamente. Esta semana demostramos anuencia y es una señal importante. Yo esperaría que así sea todo el año y voy a ser seguidor de las diferentes subcomisiones.
Algunos diputados y expertos aseguran que los proyectos de seguridad enviados por el Gobierno vienen muy mal planteados, ¿es así?
– Los proyectos del Ejecutivo pueden tener buenas intenciones, pero creo que los hicieron personas que no tienen el mayor conocimiento o experiencia. Tienen cosas que rayan con la Ley, ciertamente quieren resolver problemas, pero vienen llenos de parches. Algunos repiten cosas que ya están vigentes, otros son inconexos, otros son inconstitucionales (…). Le pongo un ejemplo, en el de sicariato, las mismas instituciones rectoras están planteando algunas observaciones y comentarios porque ya hay cosas que están reguladas. ¿Qué toca? Hablar con el diputado o parte proponente y decir: ¿estaría anuente a un texto sustitutivo y darle continuidad al proyecto? De lo contrario, se va al archivo. Si hay un proyecto que quiere corregir una situación y combatir esas deficiencias, lo vamos a tramitar, pero algunos están muy mal planteados, hay proyectos que son inconstitucionales y que no tienen ninguna posibilidad.
¿Como cuál?
– Algunos relacionados con incremento de penas y prisión preventiva no eran viables, pero se les hicieron los cambios necesarios para que siguieran en la corriente legislativa (…). Se logró subsanar el tema de apelaciones, prueba contundente, debido proceso y otros temas. ¡Había muchas debilidades e inconsistencias en esa materia! Hubo la voluntad para corregir, pero no se podía avanzar (con esos proyectos porque jurídicamente estaban mal).
¿Son suficientes esos proyectos para solucionar parte de la crisis que vive el país en materia de seguridad?
– No, para nada. Todas las iniciativas que vengan a ayudar en materia de seguridad ¡en buena hora!, pero no podemos creer que el problema de seguridad se resuelve con esos proyectos de ley. Están muy mal planteados y más bien hemos tenido que salvarlos.
¿Qué otros proyectos deben priorizarse?
– El de capitales. Ya tenemos ese proyecto de ley que va caminando y espero que, en los próximos días, logremos sacarlo adelante. Quitaría capitales de dudosa procedencia o ilícitos, además, se autoriza la suspensión de cuentas hasta que se demuestre realmente que (los recursos) vienen de un origen lícito. También el de bloqueo de tecnología en cárceles: tenemos que prohibir totalmente los ingresos (de dispositivos) en cárceles. ¡No deben tener ese tipo de facilidades! Las cárceles deben tener un sistema mucho más moderno para evitar que se hagan delitos desde adentro.
Junto a estos proyectos, ¿qué considera usted que requiere el país para frenar la ola de criminalidad?
– El país requiere una mayor presencia policial, más recursos para Fuerza Pública y el OIJ, además de más cárceles. Yo he dicho que Costa Rica requiere cárceles especializadas y más presupuesto para policías.
Pero no hay presupuesto.
– ¿Cómo que no hay? En el primer periodo yo propuse una moción para financiar a Seguridad Pública y Poder Judicial, les logramos dar más recursos. Se está haciendo un crédito de $700 millones para atender obras en emergencia. Por qué no se pide uno para seguridad, cuál es la prioridad del país, ¡seguridad! Entonces, creo que se pueden buscar recursos y si hay que conseguir un préstamo, pues ¡busquemos! Consigamos para delegaciones, para equipamiento, para patrullas.
¿Considera usted que el Gobierno no tiene voluntad para dar más recursos a seguridad?
– No ha existido esa voluntad y como diputados estamos totalmente dispuestos a darle los recursos que requiere la Seguridad Pública para poder resolver los problemas, pero ¿qué pasa?, el ministro de Hacienda manda los presupuestos limitados y hemos sido los diputados los que hemos ampliado los recursos para la Seguridad Pública y los mismos jerarcas de cada una de las instituciones son los que nos dicen que necesitan más y que tienen necesidades. Parece que el Gobierno no tiene un plan de seguridad ciudadana, nos debe eso.
¿Se ha quedado corto Mario Zamora?
– Pues sí. Hoy tenemos la situación más grande de inseguridad en el país, los indicadores no mienten y eso demuestra que queda debiendo. Yo sigo calificando la gestión de Seguridad Pública como muy deficiente. No me siento satisfecho con el Ministerio de Seguridad Pública.
¿Debe irse?
-No lo sé, pero el tiempo corre muy rápido. Si ponemos a otra persona, en un año y medio se va a tener que ir. Si él (Zamora) tiene la experiencia y conocimiento, debe dejarse de estar en una zona de confort y entender que requerimos acciones más fuertes y extraordinarias. Necesitamos presencia policial en las diferentes zonas, operativos, intervenciones en búnkeres, es decir, tomar acciones desde el Poder Ejecutivo. Velar por la seguridad de todos los ciudadanos es responsabilidad del presidente de la República y el ministro de Seguridad Pública.
¿Somos un narcoestado?
– Se dice que hay gente en el sector público involucrada con el narco. No podemos cerrar los ojos y decir: aquí no existe. El narco está metido y eso ha sido parte de los problemas (…). Yo no podría calificar (a Costa Rica) como un narcoestado, pero hay filtración (sic) y que está en las diferentes instancias. Por eso es que a veces vemos que en algunos proyectos hay ciertos intereses. Cuando no se permiten ciertas cosas en algunos proyectos, uno dice: a quién se está defendiendo (…). A veces hay situaciones que parecen inclinarse en beneficiar, entorpecer (proyectos). En proyectos que combaten el crimen organizado o el narcotráfico, uno ve obstrucción y uno dice: cuál interés es el que está persiguiendo.
¿Qué opina del proyecto de extradición de costarricenses?
– Estoy completamente de acuerdo. El país requiere medidas extraordinarias. Si hay una situación demostrada, deberían ser extraditados indistintamente si son costarricenses o no. Si hay países cooperantes que lo permiten, ¿por qué nosotros no? Yo sé que es muy doloroso, pero cada uno se busca lo que merece. Las personas saben las implicaciones (de meterse en crimen organizado) y aquí no podemos seguir de alcahuetes (…).
En materia de seguridad hay una discusión que no se está dando, la de prevención.
– Hay muchos casos particulares de personas en riesgo que deben ser atendidas desde la prevención y la reinserción social. Cuando digo eso, no hablo de un homicida al que no le tiembla la mano para jalar el gatillo o de la persona que anda metida en narcotráfico, crimen organizado o de un sicario a sangre fría; yo hablo de personas jóvenes que pueden ser reinsertadas a la sociedad, gente en situación de riesgo. Por eso creo que el país debe tener cárceles especializadas principalmente para personas jóvenes.
¿A qué se refiere?
– Yo creo que los jóvenes que están llegando a las cárceles no deberían estar con gente viciada, con mafias, que más bien les enseñan cosas para seguir delinquiendo. A estos jóvenes los preparan para que sean mafia y no jóvenes de bien. Yo creo que debe llevárseles a espacios especializados donde se les dé estudio, puedan prepararse con el INA y otras instituciones para que puedan salir reinsertos, que puedan enderezarse. Es mejor eso a que se metan con todas las otras personas en las cárceles, qué les van a enseñar.
¿Costa Rica requiere una megacárcel como en El Salvador?
– No, no es necesario, más bien se necesita una cárcel donde logremos educar a estas personas y que cuando salgan ya vayan con una profesión, emprendimiento, que puedan salir adelante. La persona que se mete en temas de crimen organizado, delincuencia, narcotráfico, pone en riesgo su vida y la de sus familias. Por eso creo que es mejor un proceso de resocialización y educación para jóvenes desde las cárceles que dejarlos con otras personas para que los conviertan en mafias.
Se dice que hay un exceso en el uso de la prisión preventiva y eso genera problemas de hacinamiento en las cárceles.
– Lamentablemente hay hacinamiento y las autoridades deben buscar soluciones. Reitero, deben dar recursos al Ministerio de Justicia, al de Seguridad y construir más cárceles diferenciadas en nuestro país (…). Yo siento que no se puede meter a todo mundo (a prisión), sino avanzar en procesos de reinserción, restauración social (…).
¿Cárceles diferenciadas por delito?
– No es que se va a hacer una para asesinos, otra para violadores y otra para secuestradores. ¡No!
¿Entonces?
– Usted ha visto que cuando entra en una cárcel, ahí mismo están operando bandas, carteles, grupos (…), a ellos hay que aislarlos de los más jóvenes porque si no los curten.
Pero ya hay prisiones para menores y jóvenes.
– Sí, sí, pero me refiero a personas jóvenes de 18 o más años. Meterlos con personas que están muy curtidas los va a meter en una argollita peligrosa. Yo pienso que, si nosotros tenemos algunas cárceles donde estos jóvenes reciben procesos fuertes de educación, capacitación, psicología, emprendimientos, van a entrar en un proceso de concientización de lo que pueden hacer en el futuro, vamos a poder cambiarlos. Eso es una idea innovadora y la seguridad de este país tenemos que resolverla entre todos.
Eso se plantea desde el Gobierno de Laura Chinchilla.
– Quizás no ha existido la voluntad del Poder Ejecutivo para avanzar en esos proyectos para las personas que están en una cárcel (…). Lamentablemente hemos visto que algunas personas salen y matan a otra persona.
Doña Gloria Navas asegura que algunas penas son excesivas para personas jóvenes.
– Casualmente, por eso yo hablaba de cárceles diferenciadas. Con esa medida, jóvenes podrán ir a un proceso de integración a la sociedad, de transformación y saliendo van a ser personas de bien.
¿Cuánto costarían esas cárceles diferenciadas?
– No lo sé, no puedo dar un monto, sería irresponsable, pero el país tiene recursos. La limitación no es decir no se puede, sino decir no queremos. ¡Se puede hacer!
¿Cuántas cárceles propone usted?
– Habría que hacer una proyección, pedirle al Ministerio de Justicia y Paz que nos indique cuáles personas podrían optar por esa modalidad. Además, vendría a resolver el tema de hacinamiento que tenemos. Se hicieron las torres Terrazas de forma irresponsable y eso hubiera solucionado alguna parte del problema. Se metieron ¢5.000 millones y no sirvió para poder disminuir el hacinamiento que tenemos en las cárceles.
¿Usted ha planteado este modelo de cárceles diferenciadas con alguien del Gobierno?
– Lo he conversado con algunos sectores. Lo voy a plantear (al Gobierno) y, precisamente, convocamos al ministro de Justicia y Paz para ver qué planteamientos (tiene), lo que está haciendo (en materia carcelaria) y lo que se puede hacer.
En estas cárceles diferenciadas que usted propone, ¿qué rango de población estaría?
– Personas mayores de 18 años que nunca han estado (en la cárcel), que no han cometido delitos o que no tienen expediente. Fácilmente esas personas podrían ser llevadas a esas cárceles para que tengan un proceso de recuperación y capacitación educativa. Tenemos que buscar una cárcel, porque llevar estos jóvenes a un área curtida va a generar mucho más problema.
¿En estas cárceles estarían personas que cometen homicidios u otros delitos de grueso calibre?
– No, no, jamás. Una persona que no tenga respeto a la vida no merece ninguna consideración y debe tener el mayor castigo. A una persona que cometió un homicidio, un feminicidio, sicariato, no la vamos a tratar como si fuera una persona de bien.
Para no dejar vacíos, ¿quiénes considera usted que podrían estar en esas cárceles?
– Algunos delitos menores. Hubo un caso de una persona que robó comida por necesidad, para llevar comida (a su familia), quizás esa. Es una persona que cometió un delito, pero en riesgo social, quizás pueden ser esas personas. Hay que definir bien los perfiles.
¿Eso no es alcahuetear al delincuente que anda asaltando o haciendo otro tipo de delitos?
– No, porque van a pagar una condena. Lo que se plantea es que personas que no hayan tenido problemas con la justicia puedan entrar en estos programas para reinserción.
Ya hay programas dentro de las cárceles, don Gilbert.
– Sí, no hay problema, pero debe hacerse algo diferente para que esas personas no salgan igual.
¿Hay países donde utilizan ese modelo de cárcel diferenciada?
– No lo conozco, pero creo que Costa Rica, por ser un país de derechos, puede crear las condiciones para que, de buena fe, esas personas puedan cambiar.
“Deben dar recursos al Ministerio de Justicia, al de Seguridad y construir más cárceles diferenciadas en nuestro país”.
“Conmigo en la Presidencia, creo que puede haber mayor concertación y consensos. Modestia aparte, puede haber mayor agilidad”.
“Los proyectos del Ejecutivo pueden tener buenas intenciones, pero creo que los hicieron personas que no tienen el mayor conocimiento o experiencia”.