Mayoría de casos responden a un escape voluntario de la casa
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, destacó que en el último año destinaron ¢10 mil millones a la búsqueda de menores de edad, sin embargo, ninguno estaba desaparecido realmente.
En total se registraron 2.200 denuncias, pero en la mayoría se logra determinar que los menores se escaparon de las viviendas por voluntad propia, es decir 100% no constituía desapariciones verdaderas.
“Ninguno de estos casos son desapariciones verdaderas, por lo general estas personas tienen una diferencia con la familia, generalmente por un tema de tolerancia, porque los padres agreden a los menores o estos tienen un problema de alcoholismo o de drogas, por lo que el menor no quiere vivir en ese mundo”, explicó Zúñiga.
Uno de los principales problemas que destaca el jerarca es que, debido a la búsqueda de estas personas, en ocasiones se debe detener toda una oficina para concentrarse en dicho caso.
“Nosotros a veces tenemos que parar una oficina para ir a buscar a ese menor de edad. Hemos tenido incidencias como en Limón, que llegó el caso de una menor de edad, llamó y dijo que la habían secuestrado y tuvimos que dirigir todos los recursos a eso. Tras la investigación, se determinó que se fue con el novio y no quiso decir nada”, añadió.
En lo que va de 2025, en la página de Facebook del OIJ se han publicado 13 menores de edad con paradero desconocido. Precisamente, Diario Extra conversó con la familiar de uno de estos falsos desaparecidos. Para resguardar su identidad, no revelaremos su nombre. Según esta persona, la menor se escapó por rebeldía.
“Ella iba para el Departamento de Respuesta Inmediata (DARI) del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ya que quiere que la metan a un albergue, porque no quiere estar en la casa, entonces por rebeldía se escapó y por protocolo se interpuso la denuncia ante el OIJ”, declaró. Por tal situación, consultamos a Zúñiga si a corto plazo se podría dar una solución a esta problemática, incluso si resultaría posible interponer una multa a los padres de estas personas.
“Esta situación no es nada fácil, porque en ocasiones los padres realmente no saben qué pasó con los menores. Sí se debería establecer una multa cuando se genere una alerta innecesaria a la sociedad, como por ejemplo que este se vaya con un mayor de edad y diga que fue que le hicieron una oferta laboral y se lo llevaron dos o tres días”, puntualizó.
El director del OIJ concluyó su intervención subrayando que una de las cosas más preocupantes consiste en que hay familiares que sí saben dónde están los menores e incluso mantienen comunicación con estos, pese a que se reportan como desaparecidos.
