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Con la reciente publicación de la Ley 23.360 los autobuseros tendrán hasta 2027 para implementar el pago electrónico en las rutas de la Gran Área Metropolitana (GAM), según consta en el texto publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Con la adición de la obligatoriedad de contar con el equipo de tarifa digital, las empresas deberán instalar este dispositivo para renovar o adquirir nuevas concesiones, ya que se establece su obligatoriedad.
“El prestador del servicio público deberá suministrar, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la información de todos los pagos electrónicos generados con la recaudación de sus ingresos tarifarios, en las condiciones de forma y tiempo que se determine”, indica el nuevo texto del artículo 17.
Esta medida también aplicará para aquellas rutas que se encuentran fuera de la GAM, sin embargo, estas contarán con hasta cuatro años para eliminar el total del efectivo utilizado en el transporte público.
“Desde la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) reconocemos que el proyecto viene a ser un complemento a los esfuerzos que hemos venido realizando como sector, de la mano con el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y las instituciones rectoras, ya que, al día de hoy, 1.500 unidades ya cuentan con sistema de pago electrónico y otras están en proceso de instalación”, declaró Silvia Bolaños, presidente ejecutiva de dicha organización.
Según estimaciones de las instituciones involucradas, para el cierre de este año la cantidad de unidades que cuenten con el sistema digital se duplicará; es decir, llegarán a 3.000.
Carlos Melegatti, director de la División Sistemas de Pago del BCCR, expresó a Diario Extra que esta adición viene a fortalecer la dirección que deben llevar las finanzas del país, hacia una eliminación del dinero físico.
“Esto es un paso más en el desarrollo en la dirección de modernizar el pago en el transporte público. En general esto es una pequeña pieza de la modernización del transporte”, detalló.
En el proceso de modernización también han participado autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como del Consejo de Transporte Público.