Las empresas autobuseras estarán obligadas a contar con el sistema de cobro electrónico o no podrán renovar las concesiones. Lo mismo aplicará para taxis, servicios remunerados para traslado de personas y otras modalidades de transporte.
De forma unánime, los diputados aprobaron el expediente 23.360, el cual señala que aquellas unidades a nivel nacional que no tengan dispositivos para este método de pago no podrán operar.
Lo aprobado es una reforma al artículo 17 de la ley que regula el transporte remunerado de personas. Esta nueva disposición implica que si las empresas concesionarias la incumplen, el Ministerio de Transportes podrá caducar cualquier concesión, según lo señala el artículo 24 de la Ley 3503.
Se establece que la medida debe aplicarse en un plazo máximo de dos años para las rutas de la Gran Área Metropolitana (GAM) y de cuatro años para las que hacen recorridos fuera de ella.
Las compañías tendrán que suministrar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) todos los pagos electrónicos generados con la recaudación de sus ingresos tarifarios.
“Es un avance importante en muchos sentidos. Tener la información de costos cambia completamente la forma en que se definen las tarifas.
¡Con esto vamos a tener datos actualizados para saber cuál es el número real de pasajeros! Ayudará contra el lavado de dinero, habrá trazabilidad sobre la plata y contribuye a la seguridad de los usuarios. Le agradezco al presidente Rodrigo Chaves y a la ministra Laura Fernández por haber convocado esta iniciativa”, dijo Ariel Robles Barrantes, legislador del Frente Amplio (FA).
Recientemente se implementó el Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (Sinpe-TP) en unas 600 unidades.
Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), cancelar con efectivo le cuesta al país aproximadamente 1% del producto interno bruto (PIB), alrededor de ¢360.000 millones anuales.
En el caso del transporte público en ruta regular, se ha estimado que el valor del manejo de la plata física equivale a cerca de un 21% del costo administrativo de las empresas de buses.
Sectores reaccionan
Pese a lo positivo que se percibe el empuje a la promoción del pago electrónico para los buses, diversos sectores indicaron que este proyecto llega de forma tardía para la realidad nacional.
Silvia Bolaños, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), expresó que van encaminados a la eliminación del efectivo en el transporte público, pues “de acuerdo con los datos del Banco Central, actualmente se registran 75.000 transacciones diarias con pago electrónico, lo que representa que solo entre un 25% y un 30% de las personas viajan en unidades con el sistema”. Este esfuerzo, que se ha realizado entre el sector privado e instituciones gubernamentales, lleva poco más de un año consolidando rutas de autobús con el sistema de pago digital.
“Ya estaba demostrado que no era necesario una ley para poner a funcionar estos sistemas y el sector siempre estuvo en absoluta disposición de ponerlo a funcionar, más bien ahora esta ley pone plazos más largos para que todos los buses cuenten con los sistemas”, subrayó Bolaños como una de las debilidades de la legislación.
En esta línea el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, externó a Diario Extra que “la iniciativa llega un poco tarde, pues ya estamos en la masificación del transporte público y esperamos para final de este año contar con el 80% de la flotilla de autobuses con pago electrónico”.
Según el funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), este proceso podría también desacelerar el plan llevado a cabo junto al Banco Central, el Consejo de Transporte Público, la Aresep y las compañías autobuseras.
“Lo que sí hubiéramos valorado muy favorablemente hubiera sido la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos de pago en el transporte público, ya que esa es la forma en que podríamos impactar la masividad del pago digital”, puntualizó Ávila.
En la actualidad el 100% de la flotilla ferroviaria del país posee esta modalidad para cancelar el pasaje, mientras que para 2026 se proyecta que los autobuses de zonas rurales cuenten con él.
Tiempo de aplicación
Las empresas concesionarias tendrán que aplicar el sistema en un plazo máximo de 2 años para las rutas localizadas dentro de la GAM y 4 años para las que se localicen fuera de ella, una vez la reforma entre en vigencia.

Carlos Ávila
Viceministro MOPT
“Es necesario ir eliminando el efectivo para tener mejores controles, mejores datos de demanda y movilización de pasajeros, al igual que mayores economías que las que nos da el pago electrónico, además de la seguridad que brinda al usuario”.
Silvia Bolaños
Presidenta Canatrans
“De la mano de la eliminación del efectivo, también es necesario que se tomen medidas para avanzar en la priorización del transporte público en las carreteras y así disminuir los tiempos de viaje y hacerlo más atractivo”.
