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Las empresas autobuseras llegaron al fin del laberinto burocrático que por años les permitió evadir la Ley 7.600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, específicamente en la traslado de personas en transporte público, modalidad autobús.
Dichas compañías tenían hasta el 31 de diciembre para que el 100% de sus unidades cumplieran con las disposiciones legales, sin embargo, los dados facilitados por el Consejo de Transporte Público (CTP), revelan que de 459 empresas que brindan servicio a nivel nacional, solo 243 (53%) tiene toda la flota vehicular adaptada, 149 (un 32%) están pendientes y 67 (un 15%) aún no cuentan con la totalidad de su flota en estas condiciones.
Mario Zárate, director ejecutivo del CTP explicó que se ha realizado un importante esfuerzo desde el Departamento de Inspección y Control por identificar las empresas que se encuentran al margen de la ley, se han realizado visitas a los planteles de los autobuseros para verificar la condición de las unidades, lo que permite al día de hoy conocer con certeza quienes no cumplen.
“Una vez vencido el plazo de los 3 meses, el Consejo iniciaría un proceso administrativo contra las empresas que no cumplan para cancelar la concesión”, señaló Zárate.