Con la intención de articular mejor las medidas que se deben tomar para combatir la inseguridad Alejandra Larios, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), plantea la creación de un nuevo Índice de Seguridad Ciudadana.
La propuesta forma parte del expediente 23.642, mediante el cual se busca que las instituciones públicas coordinen medidas sobre programas de prevención de violencia a nivel nacional.
A pesar de que diversas instituciones generan información relacionada con seguridad ciudadana, Larios asegura que se trata de datos que circulan de manera independiente, de modo que no existe una unificación de criterios como para analizarlos y sacarles mejor provecho.
El proyecto de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes que plantea la legisladora pretende que el Viceministerio de Paz se encargue de definir indicadores para este nuevo índice de seguridad.
Larios comentó a DIARIO EXTRA que estos datos serían generados cada dos años para que, por medio de una Comisión Nacional en la cual participen varias instituciones, se giren propuestas y soluciones de seguridad en una sola línea.
Los Ministerios de Seguridad, Salud, Educación Pública, Justicia y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) formarían parte de las organizaciones que deberán definir las medidas a mediano y largo plazo.
Para la creación de este nuevo índice y la aplicación de dicha propuesta legislativa se utilizarían fondos provenientes de las instituciones que integren la comisión.
Además, se podrá disponer de donaciones de organizaciones privadas y otros recursos de instituciones públicas a disposición.
Costa Rica se encuentra en medio de una ola de crímenes y homicidios influenciada por la presencia de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.
Gerardo Castaing, criminólogo y exdirector del OIJ, considera que la propuesta tiene buenas intenciones, ya que en Costa Rica es necesario trabajar en la prevención con los jóvenes.
Sin embargo, subraya que si el tema está relacionado con menores de edad es importante analizar eventuales reformas legislativas o constitucionales, para que no se torne adversada la normativa en el futuro.
La propuesta indica que se respetarán los datos de las personas menores de edad y de las personas jóvenes.