¿Se imagina tener $300 millones en su bolsa, no utilizarlos para una necesidad y después ver qué hace con ellos porque estaban engavetados? Un hecho similar está pasando con el famoso Fondo de Avales que se usaría para paliar la emergencia por covid-19.
EL CASO
En agosto de 2020, el Gobierno de Carlos Alvarado planteó un “Fondo de Avales” para “facilitarle el crédito” a las personas físicas y jurídicas afectadas por la pandemia.
Un año después, luego de un largo proceso, se crea la Ley N° 10.106, que, en teoría, apoyaría a las empresas afectadas por el coronavirus.
En total, el Fondo de Avales usaría $270 millones que forman parte de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Reconstrucción (BIRF) por un total de $300 millones.
No obstante, el tiempo pasó y la plata nunca se usó por falta de reglamentación.
Con el cambio de Gobierno, el actual presidente Rodrigo Chaves planteó la posibilidad de finiquitar el Fondo de Avales e incluso, en junio de 2022, presentó el expediente 23.523 para darle santa sepultura.
Según el mandatario, los recursos se utilizarían para “salvar a los banqueros”, pues no llegaría a los verdaderos necesitados y, además, no apoyaría la reactivación económica del país.
Incluso, hace pocos días, la Contraloría General de la República (CGR) sugirió ponerle candado al Fondo de Avales ya que les había agarrado tarde para entregar la plata a los afectados.
“La fuente de financiamiento del Fondo de Avales actualmente se encuentra totalmente desembolsada, pero a nivel de presupuesto no se han ejecutado recursos”, externó la CGR a principios de mes.
TODOS POR EL QUEQUE
En medio de tantos dimes y diretes, distintos sectores quieren agarrar una parte o completamente todos los recursos.
Uno de ellos fue la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep), que solicitó a los diputados $135 millones de los $270 millones, para trasladarlos al Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade) y la otra mitad para que el Gobierno pagara su billonaria deuda.
Fonade es un fondo ligado al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Por su parte, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) solicitó que todos los recursos del Fondo de Avales fueran para Fonade, con el fin de apoyar al productor nacional.
Asimismo, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) pidió que más recursos fueran destinados al Fondo de Avales para el sector. Incluso, en medio de la discusión sobre la vida útil de los autobuseros, la subjefa de la fracción del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, planteó que solo pequeñas y medianas empresas autobuseras afectadas en la pandemia pudieran tomar parte de dichos recursos para renovar su flotilla y volver a operar.
INCLUIDO EL PUSC
A todo ese baile se suma la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien presentó el expediente 23.529. Dicha iniciativa busca repartir los $270 millones entre el sector público y el privado.
Así, la propuesta impulsada por el legislador Alejandro Pacheco pretende que el 50% del préstamo total sea destinado para el pago de deuda interna del Gobierno Central.
El monto de amortización sería $150 millones (¢85.500 millones al tipo de cambio actual). Por otra parte, se estima que un 38% de los $300 millones del préstamo con el BCIE-BIRF vayan al Fonade. En números, serían $114 millones, o en su defecto ¢64.980 millones. Un 10% adicional iría para que el Ministerio de Hacienda amortice a la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Al tipo de cambio, la factura se “bajaría” unos ¢17.100 millones. Finalmente, se destinaría el restante 2% al Fideicomiso de Avales denominado “Desde Adentro Rescatando el Turismo”.
¿QUIÉNES SON?
Dicha propuesta, creada en 2022, pretende “brindar apoyo financiero a las Mipymes”.
Según el proyecto de ley, el sistema va en un esfuerzo “conjunto y solidario” de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur), la Federación de Cámaras del Caribe y Afines (FedeCaribe), la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Limón, la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur, la Cámara de Comercio y Turismo de Cahuita, la Cámara de Turismo de Matina y la Cámara de Comercio Turismo e Industria de Siquirres.
El fiduciario es Consultores Financieros, S.A. (Cofin) y el operador financiero, por ahora, es el banco BAC Credomatic.
“Está debidamente organizado con un Consejo Rector que cuenta con personal calificado que apoya, acompaña y prepara los expedientes de los interesados y se reúne semanalmente con funcionarios del BAC para el análisis, la aprobación y el desembolso del préstamo avalado por este Fondo. Se pueden avalar préstamos en colones y en dólares, en todo el territorio nacional, para capital de trabajo, industria, turismo y actividades encadenadas con montos hasta por ¢50 millones, pero dirigido especialmente a las microempresas con montos hasta ¢15 millones sin necesidad de garantía real”, justifica el texto de ley.
De acuerdo con Alejandro Pacheco, proponente de la ley, se deben implementar mecanismos para “apoyar al sector empresarial privado, en especial al turismo, la agricultura y al sector transporte, con un oportuno, adecuado y suficiente apoyo financiero”.
“Es urgente que al menos parte de los $270 millones de dólares destinados al Fondo Nacional de Avales puedan ser utilizados por la empresa privada a la mayor brevedad, para contrarrestar la crisis actual, mantener los empleos y proteger los miles de Pymes que están en grave peligro. El país no puede perder más tiempo esperando a que se emita el Reglamento, a que se constituyan las entidades que se encargarán de manejar este Fondo y a que se ajuste el sistema para que pueda operar eficazmente en la práctica”, indicó el legislador.
Alejandro Pacheco
Diputado PUSC
“Es urgente que al menos parte de los $270 millones destinados al Fondo Nacional de Avales puedan ser utilizados por la empresa privada a la mayor brevedad, para contrarrestar la crisis actual, mantener los empleos y proteger los miles de pymes que están en grave peligro”.