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Un proyecto impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende aumentar los recursos financieros y modernizar el marco legal para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
La propuesta, tramitada por Pablo Heriberto Abarca, jefe de la Unidad, incorpora en la Ley de Biodiversidad las figuras de fideicomisos y bonos verdes, a fin de permitir sostenibilidad financiera a las áreas silvestres protegidas (ASP).
Este proyecto permitiría que las ASP puedan adquirir el equipo necesario para realizar las funciones de control, protección, investigación, educación ambiental y atención de visitantes, así como hacer las inversiones necesarias en infraestructura para aprovechar su potencial como un impulsor de la economía local.
Además, plantea mejorar la coordinación entre instituciones y organizaciones ambientales con el fin de buscar soluciones para problemas relacionados con recursos naturales marinos y continentales.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 22.064, fue trabajada en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Esta es la reforma más integral que se ha hecho en el país en los últimos años en materia de gestión institucional, autosostenibilidad financiera y planificación estratégica de largo plazo de las áreas silvestres protegidas.
Es un esfuerzo de muchísimos actores para que Costa Rica cuente con un marco moderno, ágil y eficiente para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales”, declaró Abarca.
Mientras que Franklin Paniagua, viceministro del Ambiente, dijo que la propuesta plantea un balance entre la gestión administrativa y la labor de los órganos colegiados de participación.
“La propuesta entiende la realidad que enfrentan las áreas silvestres protegidas en el contexto de una recuperación económica sostenible y descarbonizada.
Esto redundará en una mayor agilidad para enfrentar los retos que demanda la adaptación al cambio climático en las próximas décadas\”, añadió.
De acuerdo con un estudio de 2016 del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), la contribución de los parques nacionales y reservas biológicas al desarrollo socioeconómico de Costa Rica fue de $1.806.959.163, representando el 3,15% del Producto Interno Bruto (PIB).
Actualmente existen 166 áreas silvestres protegidas en Costa Rica.
LEY VIEJA Y POCA PLATA
Parte de los señalamientos de Abarca, así como de la rectoría ambiental, es que el marco normativo de la Ley de Biodiversidad se creó en mayo de 1998 y se debe considerar una actualización del Sinac.
A lo anterior se suma que los fondos asignados “no están dando”.
El informe de auditoría DFOE-AE-IF-16-2014, sobre la eficacia del Sinac en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de las áreas silvestres protegidas continentales, realizado por la Contraloría General de la República en 2014, señaló que los recursos financieros disponibles son insuficientes para ejecutar las actividades esenciales de las ASP continentales auditadas.
Como si no fuera compleja la situación, las restricciones vehiculares y cierres de parques nacionales, producto de la pandemia del Covid-19, afectaron la visitación de turistas nacionales y extranjeros, provocando una caída en los ingresos.