
La Asamblea Legislativa estaría por aprobar una reforma a la Ley General de Salud que busca brindar una mayor protección a la mujer embarazada, antes, durante y después del parto.
Se trata del expediente 21.062 que impulsa la liberacionista Aida Montiel y busca modificar el artículo 12 de la Ley 5.395.
Según datos de la última Encuesta de Mujer, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Salud y Unicef, un 58% de las mujeres entre 15 y 49 años que dieron a luz en los últimos dos años, fueron víctimas de violencia obstétrica.
“Esta forma de violencia en contra de las mujeres se traduce en acciones como la no atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; disponer de su cuerpo al aplicarles medicamentos y usar técnicas de aceleración del parto sin su consentimiento; la práctica de cesáreas existiendo condiciones para el parto vaginal; procedimientos que no deben ser rutinarios sino excepcionales. Asimismo, intervenciones médicas innecesarias tales como la episiotomía comúnmente llamado “piquete”, monitoreos fetales y edemas como prácticas de rutina”, comentó Montiel.
“La violencia obstétrica incorpora a su vez el trato deshumanizado, grosero, la discriminación y la humillación como regaños, burlas insultos, culpabilización en el proceso de parto en el que se le indica a la mujer que es su responsabilidad si el bebé presenta algún problema de salud; violación al respeto a la dignidad humana al utilizarse a las mujeres como recurso didáctico sin su consentimiento”, agregó la verdiblanca.
La iniciativa amplía el contenido del artículo 12 de la Ley General de Salud, para reconocer y garantizar la protección de las mujeres en estado de embarazo, cuando sean sometidas a procedimientos de salud, especialmente ginecológicos, antes, durante y después del parto, mediante una atención médica y administrativa integral, oportuna y respetuosa de su condición.
Para tales efectos, la atención de las mujeres en estado de embarazo debe ser equitativa, preventiva, periódica y con enfoque de riesgo, sin someterlas a ninguna forma de violencia gineco-obstétrica, según las definiciones y modalidades que se establezcan mediante reglamento.
Este proyecto de ley fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de la Mujer y está a la espera de ser aprobado en el plenario.