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Un proyecto de ley que impulsa Ivonne Acuña, diputada del bloque independiente Nueva República, busca beneficiar a las personas que pagan pensión alimentaria.
Según la ley que regula estas obligaciones, el desembolso por concepto de aguinaldo debe realizarse a más tardar el 15 de diciembre.
Pero los patronos, también por ley, tienen hasta el 20 de diciembre como plazo límite para depositar el aguinaldo de los colaboradores.
Es decir, hay una diferencia de 5 días entre ambas fechas, lo que conlleva a estas personas a tener que buscar ayuda de amigos o familiares para cancelar o incluso endeudarse ante el riesgo de ir a la cárcel.
“Esta diferencia, entre la fecha máxima para que las personas obligadas a pagar pensión alimentaria cancelen el aguinaldo y la fecha en que por ley lo reciben de su respectivo patrono, es incoherente y genera gran complejidad en las familias que reciben pensión alimentaria y también en las personas obligadas a pagarla”, señaló Acuña.
AVANCE
Antes de salir a su receso de medio periodo, la Comisión Permanente Especial de la Mujer dio su aval a esta iniciativa que se discute con el expediente 21.175.
Tras su dictamen afirmativo en comisión, el proyecto pasará al Plenario para su aprobación final.
OTRAS INICIATIVAS
Los independientes de Nueva República han enfocado esfuerzos en aprobar cambios a la regulación de esta ley con el propósito de hacerla más justa.
Por ejemplo, Harllan Hoepelman propuso crear un seguro que beneficie a todos los individuos que hoy pagan pensión.
El objetivo es que si es despedido o sufre un accidente que le impida laborar, se cubra el 100% del desembolso por tres meses.
Si en ese periodo sigue sin encontrar trabajo, se le cubrirá el 50% por otros 3 meses.
“Los estudios nos dicen que una persona tarda hasta 6 meses en conseguir un nuevo trabajo y por ello se piensa en ese lapso”, explicó el legislador.
Hoy día si alguien cancela pensión y pierde su empleo, el juez da solo un mes de tiempo para conseguir uno nuevo.
Poco más de 300 mil personas pagan pensión alimentaria en el país y 300 están en prisión por no poder cumplir.