La Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabiliza más de 300 denuncias ligadas con bullying y agresiones físicas en centros educativos.
Los datos desde marzo hasta la actualidad colocan a Costa Rica en el segundo país a nivel latinoamericano con más casos de acoso escolar, según un estudio reciente realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelado por la Revista OIJ.
“La mayoría de los casos ocurren a nivel de centros educativos de colegio, hablamos más o menos de adolescentes entre los 13 y los 17 años. Hay casos donde existen daños materiales, agresiones con golpes, patadas, y afectación psicológica, por ejemplo, tomar un cuaderno de este y tirarlo al suelo.
Con eso los agresores logran intimidar a la otra persona para mantener poder sobre ellos”, explicó Sonia Monge, subjefa de la Sección de Penal Juvenil.
Para la elaboración del informe se realizó un censo en que se demostró que el 11% de los encuestados fueron en algún momento víctimas de algún tipo de acoso o bullying.
Según este documento, la primera posición la ocupa la escuela República Dominicana donde el 12,2% de los estudiantes dijo estar sufriendo las consecuencias del bullying. Según los expertos, abarca más allá de una afectación directa entre el agresor y su víctima, este tipo de acción genera también una intimidación social.
“La persona que agrede logra que las víctimas empiecen a tenerle temor, de que los dañe y se llegan a formar hasta grupos escolares, obviamente eso intimida a otras personas que tienen tal vez un carácter más llevadero o más de amistad. Hay amenazas tanto físicas como verbales, la intención del agresor es buscar o provocar algún tipo de angustia en la víctima”, agregó.
En algunos de los casos se logra la conciliación, pero en otros el proceso pasa a un proceso mayor que implica sanciones más severas.
“El centro educativo también formula la denuncia ante la Fiscalía y el OIJ. Ese protocolo que maneja el Ministerio de Educación incluye llamar a los padres de familia, quienes tendrán que llenar un formulario y esa documentación nos ayuda a establecer más fácilmente qué fue lo que sucedió.
Esto ayuda mucho porque el OIJ no puede entrevistar al agresor porque así lo establece la Ley, solo lo puede hacer un fiscal en presencia de un defensor público o privado”, finalizó.