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El presidente salvadoreño Nayib Bukele salió del complejo La Reforma sin cumplir con el propósito de su segunda visita oficial a suelo costarricense: poner la primera piedra de la megacárcel.
Pese a que desde el oficialismo anunciaron que el mandatario sería el encargado de realizar el acto simbólico en San Rafael de Alajuela, únicamente estuvo presente en la conferencia de prensa habitual de los miércoles.
Espacio que replicó el estilo de las que se realizan desde Zapote, pero enfocada en comentar y realzar el proyecto denominado Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (Cacco).
“Si Costa Rica tiene un problema cinco veces menor, con hacer la tercera parte de lo que hizo El Salvador ya queda sobrado, este es el momento para resolver el tema de la criminalidad. El Salvador es el único país que no tiene ni una sola zona peligrosa y eso se logró con una serie de cuestiones y uno de los pilares fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad”, agregó Bukele.
Según explicó el mandatario salvadoreño, si el país no realiza cambios y no combate la inseguridad de manera agresiva, la violencia seguirá aumentando, provocando una crisis peor.
“Van a pasar otras cosas, va a seguir creciendo la criminalidad y van a morir más costarricenses, la gente ya no va a poder salir a la calle como pasaba en El Salvador, todos los costarricenses deberán entrar a su casa antes del toque de queda de las pandillas”, detalló el mandatario.
“La presencia es legítima”
La llegada del líder centroamericano a dos semanas de las elecciones presidenciales estuvo marcada por la polémica, desde el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), hasta la denuncia del candidato presidencial Claudio Alpízar que aseguró que la visita traía financiamiento para el oficialismo. Sobre este tema, el presidente Rodrigo Chaves validó el encuentro con su homólogo y recriminó al máximo ente electoral por, según dice, tomar atribuciones que no le corresponden.
“La presencia de Nayib Bukele es importante, es legítima y nos honra, así le contesto a los que han hablado tonterías, a los que han tratado de darle al TSE competencias que no tiene ni tendrá, como decir: ‘el avión no puede aterrizar’. Eso es una falta de respeto por la cual le pido disculpas, es una verdadera aberración”, subrayó Chaves.
Aunque el presidente salvadoreño no emitió comentarios tan directos sobre la política nacional, si mencionó que una de las medidas que se tomó en su país para resolver la crisis de seguridad, fue el cambio de autoridades judiciales por la vía de las elecciones.
“Nosotros teníamos un Estado fallido, cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, asamblea, en las elecciones por supuesto. El partido del presidente obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y pudimos hacer todos los cambios que teníamos que hacer, fuimos muy criticados por los organismos internacionales que nunca habían criticado el sufrimiento
del pueblo salvadoreño”, mencionó Bukele.
El Cacco estaría listo en 195 días, por lo que Presidencia asegura que para mediados de año tendría que abrir sus puertas la nueva megacárcel que contendría dentro de sus muros a 5.100 privados de libertad de alta peligrosidad.
Sin embargo, uno de los temas que ha sido objeto de críticas sobre el nuevo complejo es si emulará el tipo de trato que se realiza en El Salvador, tomando en cuenta que los reos serán vigilados las 24 horas y gran parte del diseño y planificación fue donado por este país.
Diario Extra conversó con el diputado Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, quien no teme que en esta nueva cárcel se puedan vulnerar los derechos humanos de los reclusos.
“Yo creo que aquí será una cárcel con un sistema donde se respeten todos los derechos, aquí tenemos servicios de alimentación de primer nivel. Las necesidades que se deben cubrir, lo estarán, viene a cumplir con respetar los derechos humanos, pero también con que cumplan con un castigo adecuado”, comentó el legislador.
Este proyecto es una de las principales apuestas del Ejecutivo para combatir la problemática de violencia que vive Costa Rica en un corto plazo.